La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, iba preparada. Sabía dos cuestiones, que debía pronunciarse sobre la reforma laboral, y que compartía la conferencia virtual, organizada por el Círculo de Economía, con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. El mensaje fue nítido y alto: “Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento”, en alusión al escrito acordado en el Congreso entre los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y Blidu, y con un destinatario más claro aún: Pablo Iglesias. Con ello Calviño trató de apaciguar al empresariado, con los ERTE que tiene entre manos y que afectan a tres millones de trabajadores, y ofrecer un mensaje tajante a Europa.

Ese referente --Calviño-- lo utiliza el presidente Pedro Sánchez en la Unión Europea. Y Calviño lo sabe. Ha estado en contacto estas semanas –entre otros muchos dirigentes y altos cargos de la Comisión Europea-- con el vicepresidente económico del Grupo Liberal Europeo, el economista Luis Garicano, de Ciudadanos. La estrategia ha sido clara: empujar para que la UE ponga en marcha un fondo de “reconstrucción” que pase por transferencias y no por avales y créditos. Y el acuerdo suscrito entre Francia y Alemania va en esa dirección. Por ello, la relación con Ciudadanos y con los liberales europeos puede ser positiva –al Grupo Liberal pertenece la formación de Emmanuel Macron, el presidente francés.

Disparo en el pie

Si se logra esa complicidad, supone un disparo en el pie plantear al mismo tiempo la derogación de la reforma laboral en el ámbito doméstico. Y Calviño lo expresó de forma severa. No habrá interpretaciones que pongan en juego la seguridad jurídica. Convencida de ello, fue la que obligó al PSOE a una rectificación inmediata sobre esa presunta “derogación integral”. Los empresarios, con el portazo de la CEOE en la Mesa del Diálogo Social, quieren más explicaciones, y el Gobierno está dispuesto a darlas en los próximos días, aunque la bronca en el seno del Ejecutivo con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, es intensa.

Calviño fue más precisa, al indicar que, una vez se está superando la “enfermedad” del Covid-19, el Gobierno tiene clara “cuál ha de ser la prioridad: recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y los trabajadores”.

Tres millones de trabajadores pendientes

En su intervención en el Círculo de Economía –tras la petición de su presidente, Javier Faus al Ejecutivo para que éste no dé muestras de ambigüedad—Calviño repasó todos los recursos destinados para los ERTE y para los autónomos, con 550.000 empresas acogidas y tres millones de trabajadores y anunció una cuestión que sigue siendo el principal dolor de cabeza del Gobierno: la financiación.

Mientras ese fondo europeo no se ponga en marcha y pese a la labor del BCE, el Tesoro se busca la vida en los mercados. Con una previsión de déficit del 10% para 2020, y con la deuda pública que podría situarse en el 115%, el Tesoro se ha visto en la tesitura de precisar de 100.000 millones de euros más para este año. Calviño quiso ofrecer un mensaje de tranquilidad al tejido económico al precisar que, con las necesidades adicionales, ese objetivo se está cumpliendo: “Ya llevamos más de la mitad de ese nuevo objetivo cubierto y las condiciones favorables del mercado están permitiendo unos costes de financiación de apenas un 0,3% en lo que llevamos de año. De hecho, el interés que el Reino de España paga por el conjunto de la deuda en circulación está en mínimos históricos”.

¿Esa situación podría variar? Todo dependerá de cómo maneje la situación el Ejecutivo, con sus socios de Gobierno, y en función de los acuerdos a los que llegue en el Congreso. El dique que construyó Calviño podría, por tanto, desbordarse pese a todos esos esfuerzos.