El sector inmobiliario mira con escepticismo el nuevo decreto ley de vivienda de alquiler aprobado por el Parlament de Cataluña, mientras alerta de que puede desincentivar el parque residencial y, por tanto, generar el efecto contrario del que pretende la norma.
“Si el mercado deja de ser atractivo para los promotores, el parque de vivienda puede dejar de producir y convertirse en un terreno con más inseguridad jurídica para los pequeños propietarios, que suponen el sector más elevado”, explica el director de Estudios del portal Pisos.com, Ferran Font, que alerta de que la normativa puede generar un trasvase de los activos en alquiler hacia la venta.
Afectación a grandes tenedores
El decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda solo afecta en principio a grandes tenedores de vivienda, aquellos que cuentan con 15 o más inmuebles. La norma obliga a que los propietarios ofrezcan un alquiler social a aquellos inquilinos considerados vulnerables o a quienes okupen un domicilio durante más de seis meses.
La norma fue rechazada por “inconstitucional” por el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que considera que vulnera los derechos de los propietarios. Así, el miércoles fue llevado de nuevo al Parlament para aprobar un nuevo redactado de la definición de “vivienda vacía”. Ahora, se considerará así aquella que quede “desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un periodo de más de dos años". Como causa justificada se consideran “el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución".
Salida de inversores
“Parece que el problema que hay en el alquiler en Cataluña sean los grandes tenedores cuando no es así. El mayor problema es la deficiencia en el parque de alquiler”, detalla Font. Asimismo, apunta que “no hay un censo de viviendas vacías en toda Cataluña”.
“Esta limitación de derechos de los propietarios provocará que los inversores se marchen a otras áreas, como las oficinas o la logística, ante los inconvenientes del residencial”, alerta el presidente de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), Ramón Riera.
Riesgos de la normativa
“Este decreto ley ha propiciado una llamada internacional a los movimientos okupas y a las mafias, que se benefician de una norma que solo debería servir para ayudar a la gente vulnerable”, alerta Riera.
La patronal catalana Foment del Treball también ha centrado las críticas sobre el decreto de vivienda de la Generalitat al considerar que "malmete" el derecho a la propiedad y supone la "expropiación de rendimientos" a los arrendadores. "A través de una ley no se pueden alterar los equilibrios de las partes y los parámetros principales como, por ejemplo, el precio. Corresponde a la administración dar una respuesta social", ha considerado la institución.