El empleo en asistencia domiciliaria puede caer un 20% este año

El empleo en el sector de la asistencia domiciliaria podría caer un 20% este año por la subida del salario mínimo. Así lo apunta Felizvita, que asegura que el incremento de los costes de la atención a la dependencia derivará además en precarización y un aumento de la economía sumergida.

La compañçia afirma que "el cuidado de personas mayores es la actividad que más empleo genera en nuestro país", lo que se tradujo en que el año pasado 68.000 personas se dieran de alta en este epígrafe del Régimen General de la Seguridad Social. El sector podría verse lastrado por la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros, según estimaciones de la citada empresa social de servicios asistenciales para personas dependientes. A su juicio, el empleo relacionado con la asistencia domiciliaria podría caer hasta ese porcentaje del 20% este año por la imposibilidad de algunas familias de asumir el encarecimiento del servicio.

Reducción de servicios o cese

En el primer mes operativo del nuevo SMI, el 6% de los clientes de la compañía han solicitado ya una reducción de sus servicios o el cese de los mismos a causa del incremento de los costes. Para Guillermo Molina, director general de Felizvita, "este primer dato evidencia una tendencia clara que no sólo derivará en pérdida de empleo, sino también en precarización del mismo, pues las jornadas se acortarán, y habrá familias que optarán por recurrir a la economía sumergida" cención de "conseguir ese servicio que para ellas es de primera necesidad, como es atender a sus mayores dependientes".

El último incremento de 50 euros mensuales en el salario mínimo, con 14 pagas anuales, supone una subida real de 58,33 euros al mes, a los que hay que sumar 22,50 euros más al mes del coste asociado a la actualización de la cotización a la Seguridad Social. En total, el aumento del coste salarial para las empresas asciende a 80,83 euros mensuales. De cara a las familias, el servicio asistencial, para aquellos clientes que necesitan asistencia en jornada completa, se ha encarecido en más de 105 euros al mes.

"Enorme perjuicio"

"Hay que tener en cuenta que más del 80% del precio de los servicios asistenciales corresponde a costes de contratación, salarios, seguros sociales, contingencias por enfermedad..., lo que hace que no quede más remedio que ajustar al máximo los salarios si queremos mantener unos precios viables para las familias, que permitan tener un servicio de calidad a un precio accesible", menciona Marta Cuesta, directora de Recursos Humanos de Felizvita, que también apunta que "un 15% de nuestros clientes ya nos han hecho llegar sus quejas, por el enorme perjuicio que les supone esta medida".

Por otra parte, los principales usuarios de los servicios asistenciales son mayores de 65 años y personas en situación de dependencia, cuya pensión no ha aumentado de forma equivalente a la subida del sueldo que han de pagar a su asistente o cuidador. Así, mientras el SMI se ha incrementado un 5,5% en enero de 2020, las pensiones por jubilación lo han hecho en un 1,32%, las de viudedad en  un 1,14% y las pensiones por incapacidad un 0,72%, según datos oficiales de la Seguridad Social.

Medidas para la sostenibilidad

Por ello, Molina señala que "la desproporción que reflejan estas cifras abren el debate sobre la necesidad de aplicar nuevas medidas que garanticen la sostenibilidad de este sector, que además de generar empleo supone un ahorro al Estado en atención sanitaria", asegura Molina, que teme que las repercusiones penalicen a las familias y de ahí que reclame al Estado una subida equivalente a la del SMI en el importe de las ayudas a la dependencia, que para servicios de ayuda a domicilio de media no llega a los 450 euros al mes.

Asimismo, en lo que respecta a las empresas del sector asistencial, solicita que se aplique un IVA superreducido o "0" en todos los servicios de asistencia domiciliaria para la dependencia, así como deducciones del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social, de manera que el encarecimiento de los costes de contratación de estos profesionales sea soportado de forma compartida entre las empresas y el Estado.