En apenas una semana el campo español se ha echado a la calle. Primero fueron los agricultores aceituneros y más tarde se unieron los campesinos extremeños. Las protestas se han convertido en cuestión de Estado.

Este miércoles se produjeron numerosas manifestaciones para clamar contra los desbarajustes que existen entre el precio que venden los agricultores y los que, finalmente, pagan los consumidores por un producto.

Precios seis veces más altos

En algunos casos, tal y como mantienen las agrupaciones de agricultores, el precio puede incrementarse en un 600%. Por ejemplo, los sindicatos alegan que la producción de un litro de leche cuesta alrededor 29 céntimos. Una persona que pague en caja de un supermercado por la misma cantidad debe abonar unos 0,73 de media. Lo mismo ocurre con el aceite. De 1,19 euros hasta los 4,8 que pagan los consumidores. Y la lista es infinita.

Esta es la mayor de sus quejas. Para los agricultores uno de los principales culpables son los supermercados. De hecho, el ministro Planas tiene pensado reunirse con el lobby de la distribución para acercar posturas.

”Es muy importante que la distribución contribuya a valorizar el trabajo del primario desde un punto de vista económico pero también reputacional”. “Comprendo (que a los agricultores) les preocupen algunas campañas publicitarias (de la distribución) que vienen a decir que el futuro es la espiral de las rebajas”, dijo recientemente el ministro.

Los ‘súpers’ se defienden

Ante los ataques de los agricultores, el sector de supermercados quiere mandar un mensaje de calma y de paz. Fuentes de la distribución indican que desean lo “mejor para los agricultores” ya que son “una fuente importante para la economía de España”.

No obstante, las mismas fuentes indican que hay que poner todas las cartas sobre el tapete: “Es importante situar bien el papel que pueda jugar la distribución comercial, como uno de los principales clientes del sector primario, pero no el único ni más importante en el caso de muchas producciones”, indican desde el sector de la distribución

Los supermercados entienden que las tintas no pueden cargarse contra ellos una vez que, según datos del Ministerio de Agricultura, el 52% de la producción agraria española se destina directamente a la exportación. 

El resto de la producción de los agricultores acaba en la industria transformadora y en el comercio interior. Fuentes del sector explican a Crónica Global que en el caso de frutas y hortalizas, el 9% de la producción total se vende a través del comercio tradicional y los mercados y un 11% restante a través de supermercados e hiper.

Poco margen

Por otra parte, los supermercados también quieren desmitificar que obtengan grandes porcentajes de beneficios. “Las cadenas de aprovisionamiento, con carácter general, son más cortas (menos intermediarios) y eficientes. Como resultado, no encarecen los productos artificialmente, porque la obligación de cualquier empresa de distribución, en un mercado competitivo, es la de mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos”, valoran.

En este sentido, los súpers matizan que el margen neto de las empresas del sector oscila entre el 2% y el 2,5%. Las mismas fuentes indican que no es correcto dejarse  llevar “por las cifras redondas”, ya que el hecho de “contratar a miles de empleados, mantener una red de transporte, pagar impuestos municipales, gestionar residuos y pagar facturas” tiene un “elevado coste”.

Alemania se pone a trabajar

En la misma situación se encuentra Alemania. La industria agroalimentaria alemana protesta por los bajos precios de sus productos en el mercado final, que hace que apenas se puedan cubrir los costes. Este mismo lunes se convocó una reunión de urgencia con Angela Merkel a la cabeza entre agricultores y las cuatro principales cadenas de supermercados teutones.

La canciller llamó a establecer unas "relaciones justas" entre los productores y esos grandes intermediarios y ha prometido una "muy rápida" implementación de la directiva europea contra las prácticas comerciales desleales. Las principales medidas serán las cancelaciones a corto plazo de pedidos de bienes perecederos.