Fiebre fotovoltaica en la España vaciada

Como ocurrió con los parques eólicos, el boom de las renovables vuelve a la España vaciada o despoblada. Una auténtica invasión de huertos solares con la oferta de buenas rentabilidades para agricultores y arrendatarios. Cinco comunidades, las dos Castillas (León incluido), Andalucía, Extremadura y Murcia, reúnen ya el 72% de la potencia instalada.

Tierras agrícolas e incluso eriales de las comunidades más pobres forman parte de una nueva fiebre en busca de suelo para cumplir el objetivo por las energías limpias. España, en vanguardia comunitaria, se ha fijado como meta que en 2030 un tercio de la energía final consumida provenga de renovables. El objetivo supone, según la Unión Española Fotovoltaica, que cada año deberán incorporarse 3.000 megavatios solares.

Resurrección tras la burbuja

Los especialistas hablan de una auténtica resurrección, tras seis años de parón, de esta fuente de energía. Un rebrote de los proyectos fotovoltaicos que tuvieron su época dorada en 2007 y 2008. 

El éxito acabó en una burbuja creada por el ejecutivo de Zapatero y la consiguiente moratoria de Rajoy con un polémico impuesto al sol incluido. Sánchez ha levantado las barreras al autoconsumo, pero siguen en el purgatorio las 62.000 familias arruinadas que invirtieron en lo que consideraban un negocio limpio, sostenible y seguro.

Récord sobre récord 

Según Red Eléctrica Española (REE), la energía solar fotovoltaica ha cerrado 2019 con más de 7.800 megavatios (MW) de potencia instalada. Ha sido la tecnología que más ha aumentado su presencia en el sector, un incremento del 66 % respecto a 2018. Se ha iniciado la era de las grandes plantas. España posee la mayor de toda Europa, en Mula (Murcia), del fondo Northleaf, de 494 MW. También se ha puesto en marcha la de Don Rodrigo (Sevilla), de 175 MW, construida con fondos alemanes. 

Hasta el gigante tecnológico Amazon Web Services (AWS) ha dado luz verde a una ambiciosa granja solar al sudeste de Sevilla, que proporcionará 148 megavatios para sus centros de datos y red logística España. Récord sobre récord, hay solicitados permisos para que en los próximos años se instalen en la Península muchos miles de megavatios.

Planta fotovoltaica en Mula (Murcia) / GRUPO COBRA

Castilla-La Mancha, líder

Castilla-La Mancha es la comunidad líder indiscutible con 11.600 instalaciones en funcionamiento y el 20% de toda la potencia nacional. Acaba de aprobar tres macrohuertos en la celiana y alcarreña Torija. “Don Quijote hoy alucinaría al vislumbrar con sus reflejos los gigantescos tejados solares”, comenta el ingeniero Luis Delgado. Sigue a la comunidad de García-Page Andalucía con casi 8.000 instalaciones, y Castilla y León con 5.600. Por contra, Madrid y País Vasco apenas suman cada una 1.600 y de menor potencia. Cataluña se sitúa en la media, con 3 684. Las autonomías de la cornisa cantábrica, con menos horas de Sol, apenas aportan el 1%.

Con todo, España se encuentra en el quinto lugar por potencia instalada, muy por detrás de Alemania que es la primera. El Ministerio de Transición Ecológica asegura que la potencia instalada anual se acercará a la de los países punteros.

Hasta 2.000 euros por hectárea

Intermediarios y empresas solares se han desplegado por los territorios despoblados. Ofertan a los agricultores ingresos adicionales para hacerse con el arrendamiento del suelo durante 25 o 30 años. Esperan a que el parque sea aprobado por el ejecutivo autonómico de turno, lo que lleva unos dos años.

Las ofertas van de 900 a 1.200 euros al año por el arrendamiento de una hectárea de regadío, y apenas 300 por una de secano. La cercanía a una subestación eléctrica o a los puntos de evacuación fijados por REE puede disparar los precios hasta 2.000 euros. Los promotores suelen buscar macrohuertos de mil hectáreas. Chocan con dos problemas, según la Unión de Pequeños Agricultores. Los que tienen las tierras arrendadas no quieren quedarse sin cultivos y, como la tierra está muy fraccionada, no es fácil poner acuerdo a los propietarios.

Contratos complejos

Los abogados aseguran que los contratos son muy complejos. Y a veces abusivos. Tras el gancho de las ganancias puede haber letra pequeña con largos plazos de pago y cláusulas que permiten liquidarlos sin indemnización si no alcanzan el rendimiento económico esperado. Otro punto conflictivo es quién se hace cargo del desmantelamiento, una vez concluida su vida útil. Andalucía lo exige a las empresas pero Aragón y Castilla y León no lo han previsto.

Los grupos ecologistas solo piden que no se permitan instalaciones en montes públicos o zonas de tierras en propiedad protegidas medioambientalmente al formar parte de las denominadas Zepas (Zona Especial de Protección de Aves).