El Arzobispado de Tarragona, ante el juez por el presunto 'mobbing' al gerente de sus escuelas

El Arzobispado de Tarragona ha sido demandado ante el Juzgado de lo Social número 3 de la localidad por el presunto acoso laboral al gerente de la Fundación Privada Sant Fructuós, organismo mediante el que la archidiócesis gestiona sus escuelas. El demandante, F.O. --que pide mantener su identidad en el anonimato--, acusa a las institución de realizar “imputaciones falsas, imprecisas y sin concreción” en su carta de despido, tras lo que, afirma, se esconde una criba ideológica y de confianza desencadenada con la llegada del nuevo arzobispo, Joan Planellas.

F.O., laico, se hizo cargo de la gerencia de las seis escuelas de la Fundación Privada San Fructuós en septiembre de 2006. Mantuvo la actividad hasta el pasado septiembre, cuando solicitó la nulidad del contrato en los tribunales por el presunto mobbing de la dirección del Arzobispado. Días después, la archidiócesis respondió a esta demanda con una carta de despido justificado. La vía escogida por los religiosos ha motivado el segundo procedimiento judicial, en el que se reivindica que se trata de una destitución improcedente y se exige una indemnización de 95.000 euros.

Discrepancia ideológica

La defensa del trabajador, ejercida por Pedro Picón, abogado de Picón Legal & Consulting, sostiene que el despido es una “represalia por haber demandado a la empresa con anterioridad”. Según su punto de vista, uno de los motivos que acarrearon la disconformidad con F.O., que “contaba con la confianza del anterior arzobispo Jaume Pujol”, reside en la discrepancia ideológica por la proximidad al independentismo de Planellas, que asumió el cargo en mayo de 2019.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra / ARZOBISPADO

Tanto Pujol como Planellas están citados como testigos ante la justicia el próximo 26 de febrero. También tendrán que comparecer como demandados el Arzobispado de Tarragona, la Fundación Privada Sant Fructuós y el Colegio Sant Pau Apostol de Reus, institución a través de la que F.O. cobraba el grueso de su nómina, que ascendía a un monto de 74.005 euros brutos anuales.

Relevo de funciones sin previo aviso

La defensa justifica el acoso laboral en que F.O. fue relevado de sus funciones sin aviso previo. De hecho, según Picón, "con el contrato aún vigente, ya no figuraba en la web como gerente de la Fundación”. En su lugar se había colocado el nombre de Norbert Miracle, quien realiza las labores en la actualidad. De hecho, fue Miracle quien comunicó “públicamente” que Planellas “había cesado en sus funciones” a F.O. sin que este tuviera constancia. Estos acontecimientos generaron una crisis de ansiedad en el demandante que le obligó a coger una baja laboral.

La demanda recoge que “de la falta de sintonía propiciada por el nuevo arzobispo se deducen las prácticas de mobbing y acoso laboral [...] que ha culminado con la baja médica”. La institución eclesiástica comunicó a F.O. en septiembre, cuatro meses después de la llegada de Planellas, que “había decidido relevarle de todos sus cargos” y fue días más tarde cuando remitió una carta de despido, a la que ha tenido acceso Crónica Global, en la que se argumentaban una serie de “irregularidades” en el ejercicio de sus responsabilidades. 

Dejación de funciones y pagos sin justificar

El Arzobispado, que ha declinado dar su versión sobre los hechos, acusa a F.O. de no declarar en su recibo de salarios la retribución en especie que percibía. Se trata del vehículo a nombre de la Fundación que el exgerente usaba en todos sus desplazamientos. No obstante, la defensa justifica que nunca se notificó al empleado que tuviese que dar este paso. Otra las causas de la archidiócesis es la “dejación de funciones” y la “falta de cumplimiento de su horario”, cosa que este rebate al asegurar que “no suele estar en su despacho” debido a que rota entre las seis escuelas de la fundación. 

Asimismo, los religiosos aseguran que F.O. eludió el pago de impuestos de las donaciones de los padres a los colegios. Los ingresos obtenidos de la venta de libros escolares que la fundación comercializa en “condiciones muy ventajosas, con descuentos” y que en las cuentas se catalogaban como “donación anónima” para “encajar como finalidad de la fundación y estar exentas de IVA”. Por otra parte, se acusa al exempleado de ejercer un trato de favor a la empresa en la que trabaja una de sus hijas. “Esta decisión se tomó con el director y el administrador, que ahora lo niegan en la carta de despido. La idea era únicamente pedir presupuestos. Esto estaba dentro de sus funciones y siempre se había actuado así”, destaca el escrito de la defensa. Mantiene que no existe ningún procedimiento de adjudicación al ser una empresa privada, otra de las cuestiones que se dirimirán ante el juez.