Dos empresas rivales rebañan los restos de Unipost, el gigante de paquetería y mensajería --en liquidación tras un concurso de acreedores-- que ayudó a organizar el referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Parte de la cúpula operativa de la compañía quebrada, además, se ha recolocado en una de las empresas sucesoras, al menos en lo que a contratos públicos se refiere.
El fallo condenatorio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el procés ha visto probado que la compañía de la familia Raventós, expropietarios de Unipost, recibió del Govern cientos de miles de euros por los envíos de las tarjetas censales y la cartelería del 1-O. Ello nutre el tipo penal probado de malversación, por el que resultaron condenados nueve líderes independentistas, además de sedición y desobediencia. Mientras se celebraba el macroproceso judicial, dos empresas, Global Post y RD Post, se disputaban el hueco que dejó la maltrecha compañía. En paralelo a ello, tres jefes de la enseña de paquetería que declararon en el mismo como testigos, Francisco Juan Fuentes Ruiz, Albert Planas Raig y Antonio Santos Falcón, fichaban por una de estas firmas.
Dos empresas se disputan el hueco de mercado
RD Post, filial del andaluz Grupo AL en Cataluña, se hizo con los servicios del Fuentes (ex responsable de Operaciones y jefe de zona Cataluña-Baleares), Planas (exjefe de Producción en Cataluña) y Santos (exjefe de Reparto). El segundo continúa como director de Explotación en la desconocida firma postal catalana, mientras que el tercero es director de Operaciones. A su vez, Fuentes, que declaró en el juicio no saber qué contenían las cajas de tarjetas censales, dirigió las operaciones de RD Post hasta enero de este año. Actualmente no tiene empleo. Hay más. Fuentes sindicales han confirmado que RD Post emplea a carteros y repartidores de la antigua Unipost, ahora liquidada, pero que se ha hecho hasta con los "carros y casilleros". Preguntada por si existe vínculo alguno entre Unipost y RD Post más allá de operar en el mismo sector, la segunda empresa no ha contestado a los requerimientos informativos de este medio.
Sí lo han hecho voces sindicales, que han señalado que RD Post es una de las dos empresas que luchan por hincar un diente en el pastel de mercado que dejó la difunta Unipost. La enseña --cuyo nombre completo es Recerca i Desenvolupament Empresarial-- fue fundada en Cataluña, pero en 2017 pasó a la cartera de Grupo AL, con sede en Málaga. Mantiene la marca. Otra firma catalana, vinculada a una familia independentista, también pugna por el vacío de mercado dejado por Unipost. Se trata de Global Post, una empresa situada en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) y dirigida por el independentista Joaquim Galán Amadó. "Había mucha relación entre ambas", han señalado voces de la parte social.
En liquidación
Todo ello se ha producido en un escenario doble. Por un lado, mientras Unipost se declaraba en concurso de acreedores, y el juzgado mercantil número 7 de Barcelona aprobaba el plan de liquidación de la empresa. Sucedió en 2017 y 2018, respectivamente. Ya este año, salió a la venta la nave central de Unipost en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una de las dependencias de la compañía de mensajería en la que entró la Guardia Civil en el marco de la investigación del referéndum ilegal de independencia. Fue el 14 de diciembre y, durante las pesquisas del instituto armado, los agentes detuvieron a Pau Raventós, director general de la marca. El edificio del número 16 de la calle Pablo Iglesias salió al mercado por 8,5 millones de euros. Fuentes cercanas han indicado que "ya hay movimiento" en la nave, lo que podría confirmar el cambio de manos.
En paralelo al proceso de desguace de Unipost, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acreditaba el papel de esta empresa en la consulta ilegal de independencia. Según ha visto probado el jurado, la Generalitat de Cataluña pagó diversas cantidades a la compañía liquidada por el envío de tarjetas censales (198.871,8 euros) o cartelería (47.151,7 euros). Las cifras quedan muy lejos del millón de euros apuntado inicialmente por la Fiscalía, pero sostienen el delito de malversación por el que han sido condenados los dirigentes secesionistas.