El Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña han pactado un texto que se queda a medio camino de las aspiraciones de su presidente, el independentista Joan Canadell de la organización de Barcelona. La principal reclamación de las entidades de dinamización empresarial es que las instituciones “reinicien las vías de diálogo efectivo” y aseguran que ésta es la “mejor respuesta de país” a la condena del Tribunal Supremo a los líderes políticos del 1-O.
Las organizaciones empresariales rechazan el 'paro de país' / CG
Instan a “buscar acuerdos y garantías con el Gobierno del Estado” con el objetivo de “encontrar una salida a la actual encrucijada” en la que está inmersa la comunidad. Reconoce las “legítimas aspiraciones democráticas de autogobierno de Cataluña y de sus ciudadanos” y atribuye al “agravio económico del Estado” hacia la autonomía el origen de la situación actual.
Sin apoyo al ‘paro de país’
El desequilibrio que las cámaras de comercio identifican es una “falta de retorno en forma de inversiones en infraestructuras” y otras actuaciones, básicamente los “recortes que aporta el país a la caja común del Estado”. Asimismo, lamentan que en los últimos años esta situación se haya agravado hasta llevar al “país y su tejido empresarial a un ahogo que supone un verdadero lastre para su desarrollo económico y social".
Las organizaciones empresariales dejan claro en su texto que “no dan apoyo al paro de país”, a pesar de mostrar su respeto a la “respuesta mayoritaria de la ciudadanía”. Eso sí, siempre que se dé en un contexto de “defensa no violenta de la democracia, la libertad y los derechos individuales y colectivos”. Cierran la puerta, de esta forma, a la demanda del equipo de Eines de País, surgido de la ANC, que apostaba por hacer un llamamiento a la huelga e incluso manifestó que los efectos serian ilimitados.
Demanda más independentista
El texto de las cámaras lamenta que la “judicialización de la política” que se ha vivido y se vive en Cataluña lleve a una “falta de seguridad jurídica e inestabilidad económica” que aseguran que es la principal causa que perjudica el tejido empresarial del territorio.
En cuanto a los políticos condenados, defienden que ejercieron “derechos fundamentales reconocidos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (y en la propia Constitución española)” y que “cumplieron con un mandato democrático surgido en las urnas”. Indican que les hubiera correspondido una “sentencia justa absolutoria”. Es esta parte del redactado en la que el Consejo de Cámaras de Comercio catalanas han cedido más a las aspiraciones de los independentistas que gobiernan la institución más importante y con mayor ascendencia en el sector, la de Barcelona.
Manifiesto abierto
Los empresarios dejan la mano tendida al resto de patronales y organizaciones económicas catalanas, incluidos los sindicatos, a que se unan al manifiesto. Afirman que se debe “trabajar de forma conjunta” por garantizar los “derechos y libertades de nuestro país, en beneficio de las ciudadanía, de las empresas y de los trabajadores”.