Las pugnas judiciales abiertas durante la etapa en que la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) estaba en manos de un consorcio liderado por Acciona y otros socios minoritarios han sobrevivido a la concesión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de dictaminar que el reglamento interno con el operaba la gestora de aguas era incorrecto.
Toma esta decisión como respuesta a cinco recursos que Sorea, Aguas de Barcelona y otras empresas participadas (Aigües Sant Pere de Ribes o Aigua de Rigat, entre otras) presentaron desde 2012 contra esta normativa en que se fijaba la organización de la compañía. Alegaban que el régimen incurría en ilegalidades y que ello llevaba a un cambio en profundidad, una derivada de la primera guerra del agua en Cataluña.
Estimación parcial
Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han desestimado parte de los argumentos de los denunciantes, pero estima los errores en el Consejo de la Red Ter-Llobregat en que se ratificó la regulación. De hecho, anula su aprobación.
Este encuentro del ente encabezado por el presidente de la Agencia Catalana del Agua (ACA), entonces liderado por Jordi Agustí, con representantes de las Consejerías de Salud, Gobernación, Empresa y las asociaciones municipales (incluso la AMB) tuvo lugar en octubre de 2016. Anular la aprobación implica que la ATLL privada se quedaría sin reglamento interno de funcionamiento, pero el cambio de titularidad del prestador del servicio deja en el aire la resolución.
Nuevo reglamento interno
La nueva gestora de agua pública no se verá afectada por la decisión del TSJC, tal y como confirman los portavoces del ACA. El nuevo director general de la ATLL pública, Josep Andreu Clariana, sí que deberá tener en cuenta los apuntes que hacen los magistrados en la redacción de las nuevas normas internas de la gestora de agua. Fuentes cercanas al ejecutivo señalan que la nueva dirección está inmersa en la definición del nuevo reglamento que debería estar acabado antes de que termine el año.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (c), junto al director de la ATLL pública, Josep Andreu Clariana (i), el del ACA, Lluís Ridao (d) y la secrearia del departamento, Marta Subirà (2d) / CG
Todo ello, de forma paralela a la pugna sobre la liquidación del servicio que sigue abierta. El Gobierno catalán ultima el informe final sobre la cuantía económica que el anterior gestor del servicio debe percibir por perder la gestión. Todo ello, en base a la resolución del Tribunal Supremo que anuló la adjudicación de 2012.
Se espera que el documento esté listo en cuestión de semanas. Será el que use Fortress Investment Group, que adquirió a Acciona el derecho al litigio, para lanzar la segunda guerra del agua en Cataluña.