Xfera Móviles, la denominación jurídica de la marca Yoigo (propiedad de MásMóvil), deberá pagar una multa de 106.000 euros a la Agencia Catalana del Consumo por varias actuaciones penalizables que se han localizado en su operativa y en sus establecimientos. Todas ellas parten de las denuncias que cursaron los propios clientes, tal y como indican fuentes conocedoras del procedimiento.  

Así lo ha decidido la consejería de Empresa y Conocimiento, encabezada por Àngels Chacón (JxCat), al confirmar las multas a la compañía. La operadora presentó un recurso de alzada contra el expediente sancionador que se cursó en enero. Finalmente, sus demandas no han salido adelante y no ha podido evitar el correctivo económico.

Cláusulas abusivas y publicidad engañosa

La sanción de mayor cuantía es la que hace referencia a que Yoigo incluía “cláusulas abusivas en sus contratos”. Por lo que deberá pagar 41.000 euros al regulador del consumo en Cataluña además de hacer frente a las posibles reclamaciones que le lleguen de los clientes afectados.

También ha incurrido en la publicidad engañosa. De forma concreta, en la difusión que se hacía de la Tarifa Infinita, Infinita Fibra o Infinita 600 MB. La compañía indicaba que incluía llamadas sin límites a móviles y fijos nacionales durante las 24 horas al día, aunque esta máxima estaba limitada a tan sólo 300 números diferentes al mes y no se informaba de ello al consumidor. Deberá abonar otros 40.000 euros.

Multa lingüística

Otra multa de 20.000 euros corrige las “prácticas abusivas dirigidas a los consumidores”. Concretamente, al permitir contratar servicios en las tiendas físicas de Yoigo pero no darse de baja de los mismos. Para ello, se tenía que recurrir a la atención al cliente telefónica.

El correctivo de menor cuantía es también el que ha levantado mayor polvareda. MásMóvil deberá pagar 5.000 euros por no disponer de catálogos de productos y servicios redactados en catalán en sus establecimientos. Constituye, según la Agencia Catalana del Consumo, una “vulneración de los derechos lingüísticos” y un incumplimiento de la normativa vigente.

Multas anuladas por el Constitucional

Esta decisión se enmarca en la tendencia del Gobierno catalán de aumentar las sanciones lingüísticas. El año pasado se cursaron 78, lo que equivalen a unos ingresos de 50.800 euros y un avance numérico destacado respecto a las 67 que se impusieron en 2017. Eso sí, en ese ejercicio la recaudación alcanzó los 75.700 euros.

Cabe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha tumbado este tipo de correctivos. Alegó en una sentencia publicada en febrero de 2018 que los comerciantes no tienen la obligación de atender a los clientes en catalán, tal y como recoge el Código de Consumo de la autonomía. Con todo, la Generalitat hace oídos sordos a esta resolución y las mantiene. Como ha ocurrido en el caso de Yoigo.