El juez imputa al BBVA un delito de espionaje contra la constructora Sacyr

La Audiencia Nacional ha imputado al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. El juez Manuel García Castellón investiga a la entidad bancaria como persona jurídica por la operación de espionaje, que habría llevado a cabo en 2004 el comisario jubilado José Manuel Villarejo a diferentes personas para obtener información de la constructora Sacyr. 

La empresa, que entonces dirigía Luis del Rivero, había intentado entrar en el capital del banco para desplazar a su presidente, Francisco González. Una investigación que forma parte de la novena pieza del caso Tándem, en referencia a los encargos que llevó a cabo el expolicía --en prisión preventiva desde noviembre de 2017-- durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

Vulneraciones de derechos fundamentales

Durante el tiempo en que González estuvo al frente del BBVA, el banco contrató al entramado de Villajero para servicios de inteligencia "de carácter ilícito", según consta en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron "múltiples" vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

Una acusación que se sustenta, según Fiscalía, en la documentación que se incautó durante los registros que se llevaron a cabo en noviembre de 2017, que provaría la contratación y presuntos pagos ilícitos a la mercantil Cenyt, sociedad del excomisario. Motivo por el que, conforme al artículo 31 bis del Código Penal, trasladan la responsabilidad penal a la persona jurídica pese a los delitos cometidos por personas físicas. 

'Operación Trampa'

Dado la complejidad de la pieza, que ha ido creciendo con el tiempo, podría convertirse en una causa en sí misma, separada del caso Tándem. Una de las partes más destacadas de la misma es la denominada operación Trampa, despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el consejo de administración del banco.

Según varias informaciones periodísticas, el excomisario facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, personado como acusación en la causa.

La conspiración

Sebastián había sido director del prestigioso servicio de estudios del BBVA, por donde pasaron diversas personalidades del mundo académico y económico del país, incluidos algunos que posteriormente ocuparon altos cargos, incluso ministerios de gobiernos socialistas. La llegada de González a la presidencia del banco supuso la salida de Sebastián del servicio de estudios. Durante el asalto de un grupo de inversores, encabezados los De Rivero, al BBVA lo rumores señalaban que Sebastián les ayudaba.

Los conspiradores llegaron a controlar de forma directa casi un 4% del capital del banco, pero González se hizo fuerte en un consejo de administración que no disponía ni de la mitad de ese porcentaje, pero que contaba con importantes apoyos externos, tanto de fondos de inversión como del Banco de España y del Ministerio de Economía. 

Tras la difusión de la existencia de aquellos negocios del banco con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.