La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha impugnado el reglamento metropolitano de explotación de los VTC. El fiscalizador del mercado ha informado públicamente de su escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ha agregado varios argumentos. El principal es que la norma aprobada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) contra Uber y Cabify, entre otras empresas, "introduce restricciones y cargas adicionales injustificadas a la prestación de servicios urbanos de VTC" y que el sector del taxi, rival de éstos, "ha sido tradicionalmente preservado de la competencia".

En conversación con este medio, el director general de la Acco, Marcel Coderch, ha explicado que la impugnación "se agrega a otras acciones iniciadas hasta el momento" por operadores del mercado. Se dirige principalmente contra el artículo 11.1 de la norma supramunicipal, la que amplía la obligatoriedad de precontratar con 15 minutos de antelación impuesta por el Govern en febrero a 60 minutos. "Es la más lesiva para la competencia, como ya argumentamos anteriormente, y no está debidamente justificada. No hay memoria técnica que explique cómo servirá esta medida para mejorar el medio ambiente o paliará la congestión de tráfico", ha razonado Coderch.

"Medidas cautelares"

En este sentido, la Acco reconoce que el TSJC ya ha suspendido cautelarmente los artículos 11, 3 y 4 del reglamento a instancia de Luxury VTC, pero recuerda que esta suspensión se encuentra en fase de alegaciones. Por ello, el organismo de protección del libre mercado ha presentado su escrito ante la instancia judicial, que se sumará a los ya presentados por este operador y por las empresas asociadas a Cabify.

Precisamente, el artículo 11 del reglamento metropolitano de explotación de los VTC es uno de los que se daba por descontado que impugnaría el TSJC por imponer la precontratación de 60 minutos a todas las flotas de vehículos y no a cada automóvil de las empresas de alquiler de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

En vigor, por ahora

Cualquiera que fueren los detalles, la impugnación de la Acco ha llegado en un día en el que la nueva normativa ha entrado en vigor. El reglamento ya rige en los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona más la ciudad condal, aunque el TSJC ha suspendido algunas partes del mismo.

La medida fue impulsada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) este año como respuesta a una demanda del colectivo de taxistas. Se aprobó en mayo, a pocos días de las elecciones municipales y europeas con los votos de Entesa (Barcelona en Comú), PSC y la CUP. Junts per Catalunya (JxCAT)y ERC se abstuvieron, mientras que Ciudadanos y el PP votaron en contra.