El TSJC procesa a Quim Torra por desobediencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado procesar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia. El juez ha rechazado archivar la causa, tal y como pedía la defensa del líder del ejecutivo catalán, y está a un paso de tener que afrontar un juicio. 

La Fiscalía había presentado una querella contra el president que el TSJC había admitido a trámite. Tanto el ministerio público como la defensa tienen diez días para comunicar su conformidad con la apertura de un juicio oral contra el presidente de la Generalitat, que está a un paso de terminar sentado en el banquillo de los acusados por un presunto delito de desobediencia o de denegación de auxilio a la autoridad competente de forma subsidiaria. Torra declaró durante 45 minutos frente al TJSC, en esa ocasión estaba acompañado de los abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas. 

Autoridad electoral

El auto de procesamiento rebate la argumentación para el archivo de la causa que pedía la defensa. El abogado de Torra rechazaba que se pudiera considerar "autoridad superior" a la Junta Electoral Central por encima del president. Por ello, el letrado "niega que este se halle subordinado y obligado a obedecer las decisiones u órdenes de aquella bajo contaminación de una sanción penal". 

El tribunal recuerda que "la jerarquía entre autoridades puede fundarse tanto en una relación orgánica como en una competencial". El TJSC dirime que "no puede invocarse en asuntos electorales una pretendida autonomía del presidente de la Generalitat como autoridad del Estado frente a la Administración Electoral y, menos aún, durante el periodo electoral". Recuerda que la JEC tiene potestad para garantizar la transparencia del proceso electoral, también en procesos electorales autonómicos, y recrimina al ejecutivo que Cataluña todavía no cuente con una ley electoral propia. 

Larga polémica

La polémica empezó tras un recurso que presentó Ciudadanos contra la Junta Electoral, que pedía la retirada de la simbología independentista –lazos amarillos y fotografías de los políticos encarcelados colgadas de las fachadas las consejerías– para mantener la neutralidad del espacio público. La JEC falló a favor del partido naranja, y obligó a la Generalitat a retirar los carteles.

Quim Torra intentó burlar esa prohibición, y sustituyó el cartel con un lazo amarillo y la frase "Libertad presos políticos y exiliados" que colgaba de Palau por otro con el mismo mensaje y un lazo blanco con una franja roja. La JEC dio un ultimátum al presidente de la Generalitat, que acabó por quitar el cartel y colgar otro en el que reclamaba libertad de expresión. Cs presentó ante la Fiscalía una denuncia, por si la actuación del president podría ser constitutiva de delito.