Los hermanos Higini y Ramon Cierco, los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), y el antiguo consejero delegado de la entidad intervenida, Joan Pau Miquel, han exigido este jueves a las autoridades del país que “anulen el proceso de venta de bonos” del grupo financiero que se realizó en el marco de la migración de activos hacia Vall Banc.

Se trata de una operación muy polémica en el Principado por el menoscabo que se asegura que generó para las arcas públicas. Se realizó en el momento de mayor tensión en la historia financiera del país, tras la intervención por parte del Gobierno de Antoni Martí de BPA. El expresidente la promovió por una denuncia que realizó la estadounidense Fincen en que acusaba al grupo de lavado de dinero. El organismo del Tesoro Público de EEUU vertió acusaciones al banco de Andorra que años después retiró en los tribunales ante la falta de pruebas fehacientes. Cuando llegó, el proceso de intervención ya estaba en marcha y el Ejecutivo había migrado el grueso de los activos a la entidad de nueva creación Vall Banc.

El fondo buitre JC Flowers

El único gestor que se interesó en la gestión de esta firma fue el fondo buitre JC Flowers, también de EEUU. Este fue el contexto que los Cierco y los Miquel tildan de “anómalo e ilegal” y exigen revertir.

Durante la migración de activos de BPA a Vall Banc, la entidad de nueva creación emitió unos bonos convertibles (CoCo’s) que debían servir para compensar al grupo que en ese momento estaba gestionado por el Estado andorrano por el negocio que se traspasaba. Su valor inicial era de 70 millones de euros, aunque JC Flowers sólo pagó 12,8 millones de euros a la Agencia estatal de resolución de Entidades Bancarias (AREB), una sociedad que el Ejecutivo creó para tutelar la crisis financiera.

Pérdida de 57,2 millones

Se considera que los responsables públicos dieron su visto bueno a dejar de cobrar 57,2 millones, una divergencia que causa “un claro perjuicio al Estado andorrano y a aquellos clientes --como los propio Cierco-- que aún lo son de BPA”. La controversia fue a más cuando los propios auditores de Vall Banc elevaron a los 96 millones el valor final de los activos, “generando ya un beneficio extraordinario injustificado para la nueva entidad”.

Además, todo el proceso se realizo sin la transparencia necesaria. La ley que fue aprobada de forma expresa para “gestionar la denominada crisis de BPA”, tal y como apuntan los denunciantes, marca que el proceso de venta del negocio de cualquier banco que se halle en fase de resolución debe ser mediante un “procedimiento de concurrencia”.

Falta de transparencia

Es decir, que sea “transparente, al que se le de publicidad, que sea neutral y que no favorezca ni discrimine ninguno de los potenciales adquirientes”. También señala de obligado cumplimiento la “adopción de medidas para evitar conflictos de intereses y que se maximice el precio de venta del activo que se ponga en el mercado”.

Algo que consideran que no ha ocurrido en este caso. Se afirma que el anterior Ejecutivo ni siquiera publicó en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) la operación de los CoCo’s. Por todo ello, se exige “a la AREB” que dé marcha atrás en la venta de los bonos y que “ordene la anulación del procedimiento”. Esta decisión recaerá en el nuevo Gobierno del país, encabezado por Xavier Espot y con el liberal Jordi Gallardo como ministro de Economía.