La Airef avala la subasta de medicamentos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha avalado este jueves el sistema andaluz de subasta de medicamentos y propone extenderlo a todo el territorio nacional al considerar que es más eficiente. Un proceso de selección de fármacos, que implantó la Junta en 2011 y que ahora el gobierno de Juan Manuel Moreno quiere eliminar, que establece la adjudicación por convocatoria pública. 

Este modelo, que obliga a los laboratorios a acudir a una puja, supuso una reducción del gasto en medicamentos para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de 560 millones de euros entre 2012 y 2017, lo que supone el 5,6% de los 10.020 millones que reportó durante ese período. Además, según el organismo, no ha tenido inicidencia en la falta de suministro de los fármacos, ya que solo el 1,22% de los que escasean están seleccionados mediante este método. Es decir del total de 600, solo ocho. 

Margen de las farmacias

Aunque el nuevo gobierno andaluz defiende que la compra centralizada de fármacos que opera en el resto de España resulta más provechosa desde la óptica económica, sobretodo para el margen de beneficio neto de las farmacias, la Airef sostiene que ha tenido impacto en las de mayor tamaño, que son las que se llevan los grandes rápeles, pero no sobre la capilaridad del modelo, y aclaran que no se ha producido un mayor porcentaje de cierre de estos negocios en Andalucía, en comparación con otras comunidades autónomas. 

El organismo plantea que se aplique este sistema en todo el territorio para fomentar mayor competencia, como el de precio uniforme y única puja por postor. Una medida que recoge también la división de lotes, la duración de 2 años y la inclusión, de forma progresiva y en base a los resultados, de fármacos habituales en patologías leves o moderadas, aquellos con mayor gasto, los que hayan demostrado su utilidad en ahorro en Andalucía y los que no afecten a la industria nacional.

Fármacos genéricos o de marca

El organismo también considera que el actual modelo de subvención de fármacos penaliza a los ciudadanos con menores ingresos y que, por su estado de salud, se ven abocados a un mayor consumo de medicinas. Ya que los trabajadores con rentas bajas --los que no superan los 18.000 euros anuales-- pero polimedicados, acabarían pagando un porcentaje más alto --una cifra cercana a los 386 euros al año-- que un pensionista con una renta que supera los 100.000 euros anuales. Ya que, mientras el primero tiene una subvención efectiva del 59%, la cubre el 91% del precio a los segundos.

La propuesta de la Airef es que se estratifique más la escala. Es decir, el sistema actual no distingue entre jubilados con rentas desde 18.000 hasta 100.000 euros, y el organismo opina que deberían establecerse más tramos para que no se penalice a aquellos con ingresos más bajos. 

10.000 millones anuales 

España destina 10.000 millones anuales al gasto farmacéutico, lo que supone el 15% del gasto total sanitario. Según la autoridad fiscal, en comparación con otros territorios de la OCDE, aunque es un sistema eficiente, al estar por encima de la media en calidad y gasto, existe un margen de mejora respecto al gasto público en medicamentos --más elevado que en otros países de referencia-- que podrían llevar a liberar más 1.000 millones al año, una cifra que se aproxima al 0,8% del PIB.