El Sindicat de Llogaters ha levantado la voz en contra del decreto catalán para limitar los precios del alquiler 24 horas después de que se anunciara la normativa. Ha asegurado que la Generalitat “falta a la verdad” al asegurar que se pondrá un tope a los costes de arrendar en Cataluña a través de una regulación que tilda de “farsa”.

“La inmensa mayoría de los alquileres (por no decir todos) seguirán sin tener ningún tipo de límite en el precio, tanto en los contratos vigentes como en los nuevos”, advierte la entidad en un comunicado. Señala que los detalles que se aportaron en la rueda de prensa del Consejo Ejecutivo de este martes se dejó claro que ninguno de los contratos vigentes se verá afectado por la nueva legislación y que deja en manos de la propiedad acogerse o no a la normativa en los casos de renovación.

Normativa sin sanciones

Tampoco asegura su aplicación en los casos de los nuevos arrendamientos porque el “decreto ley incluye un montón de excepciones”, tal y como denuncian. Como en el caso de la vivienda nueva, las que han sido rehabilitados de forma integral o los que dispongan de más de 150 metros cuadrados u otras características como un jardín o una piscina.

Pero lo más grave de la normativa, según esta organización social, es que “no contempla ninguna sanción en el caso de incumplimiento de la ley”. El Sindicat advierte de que sin multas, los propietarios de viviendas evitarán la implementación de la normativa. “Coloca a los arrendatarios en la difícil posición de tener que emprender acciones legales contra la propiedad si el tope se vulnera”, señala, hecho que implicaría un “desgaste emocional y económico importante para hacer valer sus derechos”.

Índice de referencia

El último punto que enmiendan de la normativa catalana es que se use el índice de referencia de la Generalitat para regular los alquileres. “Está basado en los precios de mercado actual”, lamentan, “unos precios irreales e inflados por la burbuja del alquiler”. Consideran que la normativa que ha anunciado el Gobierno de Quim Torra “contribuye a incrementar más la burbuja” porque deja margen a los propietarios para subir un 10% o un 15% el precio de los inmuebles que se alquilen.

La entidad acusa a las consejerías de Justicia, encabezada por Ester Capella (ERC), y la de Territorio y Sostenibilidad, que lidera Damià Calvet (JxCat), de actuar “de espaldas” a las organizaciones sociales y de legislar sin la concertación necesaria. El Sindicat defiende que resulta imperativa una normativa que de verdad limite el precio de los alquileres en municipios como Barcelona para acercarlos de nuevo a las capacidades económicos de la ciudadanía.

¿Campaña electoral?

Cabe tener en cuenta que la regulación que el Govern aprobó el pasado martes ha sido uno de los puntos de fricción entre los dos partidos independentistas en el Ejecutivo. Sus discrepancias sobre cómo abordar esta problemática han sido públicas y ya se les ha acusado de lanzar la normativa en plena campaña electoral para intentar arañar apoyos especialmente en Barcelona, donde el coste del inmobiliario es uno de los elementos centrales de la campaña.

Por el momento, no se ha usado como arma arrojadiza contra a otras formaciones políticas. Tampoco ha propiciado un alud de quejas por parte de los operadores del sector que esperan conocer los detalles exactos de la regulación. El Sindicat es el primero que se pronuncia sobre la normativa, y para alterar de las carencias que según su valoración tiene para impactar de forma destacada sobre el mercado del alquiler local.