Crous recurre a las tesis independentistas para llegar a la Cámara de Comercio de Barcelona

El candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio de Barcelona, Enric Crous, ha reivindicado este domingo que todas las sociedades que aparecen en su lista electoral tienen la sede social en Cataluña. Usa de esta forma una tesis independentista para llegar a la institución empresarial.

“No sé si las otras candidaturas pueden decir lo mismo”, ha reivindicado el exdirector general de Damm y Cacaolat en una entrevista a la agencia Europa Press junto al representante de Pimec, José María Torres. Crous rechaza la etiqueta de independentista porque considera que le restará en los comicios, aunque su candidatura se ha configurado en la patronal nacionalista Femcat y echa mano del argumentario secesionistas para ensalzar las virtudes de su propuesta de gestión. Como la sanción que dirige a las compañías que decidieron cambiar de sede social en el momento de mayor tensión del procés, cuando se llegó a especular con la salida de Cataluña de la Unión Europea al aplicar la ruptura unilateral.

Equilibrios nacionalistas

Crous y Pimec buscan un equilibrio complejo en la campaña que se ha iniciado para los comicios que se celebrarán entre el 2 y el 8 de mayo. Con todo, esta estrategia le lleva a contradicciones. En la misma entrevista en que afea la fuga de empresas asegura que los “empresarios nunca deberían opinar de política”.

“Hemos configurado una candidatura de país”, ha asegurado el ejecutivo. Remarca, asimismo, que no ha preguntado la afiliación política de las empresas que están en su lista, “sólo si tenían tiempo para dedicarse a la institución”. Para centrar su propuesta para dirigir la Cámara de Comercio de Barcelona, intenta remarcar la diferencia con la candidatura de la ANC y el Cercle Català de Negocis (CCN). El independentismo también se ha dividido en las elecciones empresariales de mayo entre los más radicales, los de la Assemblea, y los secesionistas más moderados.

Críticas a Valls

El fin del fair play en el empresariado catalán por estas elecciones queda patente en la entrevista de este domingo. Crous y Pimec junto a Ramón Masià, otro candidato, han impulsado esta semana un boicot al presidente saliente de la organización de dinamización económica, Miquel Valls. Ahora, el exdirector de Cacaolat le critica al considerar que ha realizado una “gestión por descontado opaca”.

Reconoce que Valls y su equipo han superado con éxito el reto de conseguir que la institución fuera rentable tras la desaparición del recurso cameral obligatorio, pero asegura que la presidencia “ha tenido claroscuros”. Carga especialmente contra la “mala gestión” que considera que ha hecho en Fira Barcelona, presidida ahora por el exmáximo dirigente de Femcat, Pau Relat. 

Voto electrónico

El candidato independentista ha reiterado su demanda de que la Cámara de Comercio de Barcelona mande una carta física con la tarjeta censal a los 423.000 electores con derecho a voto. Es uno de los principales caballos de batalla de Crous. El director de la organización, Xavier Carbonell, ya justificó esta semana que al remitirse a direcciones genéricas no se justificaba el éxito de esta medida que costará 400.000 euros.

Para promocionar las elecciones, la dirección de la Cámara de Comercio de Barcelona apostaba por una campaña en medios de comunicación y mediante mensajes directos con los electores a través de las posibilidades que ofrece el mundo digital. Crous, Pimec y Masià rechazaron esta alternativa, que implicaba habilitar una partida de 265.000 euros que se debían amortizar en cuatro años. Lanzaron la directriz a sus allegados de que no se debían presentar al pleno en que se sometería voto, ya que así no se llegaría al quórum mínimo y la sesión sería informativa. Sólo Torres se saltó esta demanda que ha levantado polvareda incluso en sus propias filas. Los críticos tildan la iniciativa de “cobarde”.

Crous reconoce a EP que “no están del todo tranquilos” con el voto electrónico que se ha impuesto desde la Generalitat. No va más allá, intenta mantenerse cercano a los poderes públicos de Cataluña.