Competencia alza un muro contra el decreto del Govern sobre los VTC

La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) lanza un aviso: el decreto del Govern contra los vehículos de transporte con conductor (VTC) no debería ser convalidado. El regulador advierte en un informe publicado hoy jueves de que la regulación que ha expulsado a Uber y Cabify de Barcelona podría colisionar con la regulación existente, por lo que debería ser detenida por la Generalitat de Cataluña.

El dictamen de la Acco, que no es vinculante pero sí da pistas al Ejecutivo sobre la legalidad de la norma, concluye que el decreto "debilita la competencia" que han venido ejerciendo los VTC sobre los taxis, que perjudica de "forma inmediata" a los usuarios --ya que impide que éstos "se beneficien de las diferentes innovaciones tecnológicas"-- y que podría ser contraria a la ley. Ello es así porque la Generalitat debe regular en favor de "un entorno de mercado que posibilite el desarrollo de la actividad en distintas modalidades". No solo no lo hace, sino que sugiere el ente que dirige Marcel Coderch que el Govern podría ir en contra de los principios de "necesidad, proporcionalidad y carácter no discriminatorio" que guían las políticas de better regulation o mejor regulación.

"Obstáculos no justificados"

La Acco aporta contexto sobre el decreto que entró en vigor la pasada semana y que limita la actividad de los VTC, hasta el punto que las intermediarias que trabajan con estos vehículos, como Uber y Cabify, dejaron de trabajar en Barcelona. Recalca Competencia que "la regulación de la actividad de los VTC siempre tuvo obstáculos a la competencia que no estaban suficientemente justificados". Este hecho es "especialmente grave" habida cuenta de que el servicio que prestan los taxis y este tipo de vehículos "es materialmente idéntico". En este escenario, la regulación ha quedado obsoleta y las administraciones, en lugar de apostar por un modelo "verdaderamente competitivo", "han limitado y condicionado la actividad de los operadores".

Protesta de vehículos VTC contra el decreto del Govern en Barcelona / CG

Protesta de vehículos VTC contra el decreto del Govern en Barcelona / CG

En síntesis, la regulación actual "genera una dualidad regulatoria existente" entre taxis y VTC. El nuevo decreto aprobado el 1 de febrero agrega, en opinión del regulador, más ineficiencias. "Prohíbe injustificadamente los avances tecnológicos en este mercado, en perjuicio de consumidores y usuarios". Ello es así, según la Acco, porque introduce la precontratación obligatoria de 15 minutos e impide a los operadores ofrecer la geolocalización de sus vehículos. De hecho, el artículo del decreto que establece estos cambios, el número 4, fija "restricciones a la competencia que conllevan la introducción, de manera artificial e injustificada, de ineficiencias en la prestación del servicio".

"Contra el interés general"

Algo similar opina Competencia sobre la restricción de estacionamiento en la vía pública, otra de las medidas estrella que introduce el decreto de la Generalitat de Cataluña. El regulador cree que la obligación de volver a la base o aguardar a los clientes en un parquin --prohibiendo su captación-- es una "obligación discriminatoria e injustificada". Todos estos avances legales, opina el organismo público, "no se encuentran amparados en ninguna razón de interés general u objetivo legítimo, perjudican a los usuarios y tienen como único objetivo la limitación de la competencia". Lo mismo ocurre con los posibles registros locales de VTC amparados en el decreto, que crearían "las cargas administrativas de forma innecesaria e injustificada".

El contundente dictamen de la Autoridad de la Competencia llega días después de que entrara en vigor el decreto de limitación de la actividad de las VTC en Cataluña. El texto ha provocado la interrupción del servicio de Uber y Cabify. A renglón seguido, los socios comerciales de estas empresas, como Vector Ronda o Moove Cars, han presentado expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectan a miles de conductores. La patronal Unauto ha anunciado ya que espera que unas 3.000 personas pierdan su empleo por culpa de la nueva normativa. No obstante, el escenario regulatorio, que forzó el taxi de Barcelona con una huelga salvaje que derivó en la ocupación de la Gran Via de Barcelona durante seis días, puede cambiar. Tanto la Acco como la propia organización empresarial han anunciado recursos judiciales contra la norma, lo que podría conllevar su suspensión.