Aigües Ter Llobregat (ATLL) es, desde este martes, una empresa pública más de la Generalitat sobre el papel. El conflicto judicial que ha abierto Acciona para evitar ceder el control del servicio sin blindar una indemnización pública por el cambio de titular del contrato ha llevado a los más de 250 trabajadores de la compañía a una situación de incertidumbre extrema. "No sabemos quién nos pagará este mes", indican fuentes del comité de empresa.
Los empleados han sido testigos los primeros días del año de un intercambio epistolar que muestra el enroque de posiciones entre el Gobierno catalán y la cotizada de los Entrecanales. Han recibido dos circulares casi seguidas del director del ente público, Josep Andreu Clariana, y del máximo ejecutivo nombrado por la compañía concesionaria, Alfredo Gutiérrez.
Subrogación de los empleados
Las fuentes sindicales consultadas señalan que la comunicación del futuro responsable de la gestora de aguas que da servicio a 4,5 millones de personas no era especialmente novedosa. El ejecutivo se presentaba y notificaba de forma oficial a los trabajadores que la subrogación que se ejecutaría en las próximas fechas se haría con el mantenimiento de las condiciones económicas y laborales adquiridas.
Gutiérrez, a su vez, puntualizaba que este traspaso de la gestión aún no se había hecho efectivo. Explicaba que el proceso judicial de medidas cautelares que se dirime en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aún está vivo y lo estará, como mínimo, hasta el lunes 7 de enero. Los mismos interlocutores indican que esta es la fecha límite para que las partes implicadas aporten sus alegaciones a la primera resolución que los magistrados han hecho en la nueva guerra del agua en Cataluña.
Pugna judicial
Los portavoces de la consejería de Territorio y Sostenibilidad, encabezada por Damià Calvet, ya habían dejado claro que en esta nueva fase del conflicto aplicarían un principio de prudencia. Esperarán a que la justicia sea clara en la causa abierta antes de tomar el control de la compañía, hecho que puede ocurrir antes de que concluya el mes que acaba de empezar.
Damià Calvet, consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, en una comparecencia pública anterior / CG
Damià Calvet, consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, en una imagen de archivo / CG
¿Acciona se resistirá a entregar la gestión de ATLL? Nadie contempla este escenario. La cotizada y sus socios minoritarios en la concesionaria --las familias Rodés y Torreblanca-Godia, además del fondo Pioneer Point Partners-- exigirán la indemnización que consideran oportuna por la resolución del contrato ante el TSJC primero y el Tribunal Supremo después, si no se llegara a un pacto previo. Un extremo que choca con la valoración del Gobierno catalán. La Generalitat mantiene la tesis de que la concesión es nula de pleno derecho y que eso dinamita cualquier pretensión económica del hasta ahora responsable del servicio.
Pérdida de medidas sociales
La plantilla ejerce de espectadora en el pulso que mantienen los hasta ahora socios en las aguas catalanas. El principal cambio que esperan cuando los representantes del Gobierno catalán desembarquen en la compañía será en materia social. Son conscientes de que se quedarán sin algunas prerrogativas que habían mantenido hasta la fecha, como más días de vacaciones, tickets restaurante, premios o ayudas familiares, entre otras.
No podrán optar a todas estas medidas, incluidas en el convenio de empresa vigente, porque las leyes Omnibús que aprobó Artur Mas con el PP de Alícia Sánchez-Camacho en su primera legislatura aún están vigentes. Es decir, los primeros recortes que se aplicaron en la Generalitat para atajar el gasto público.
Nuevo convenio
Aunque, por ahora, no saben cuándo deberán renunciar a ellas. Esperan mantener una reunión con la dirección de ATLL en los próximos días para conocer su futuro inmediato. Existe cierta incertidumbre sobre a qué puerta se debe llamar.
Lo único claro en este momento es que la gestión diaria de la compañía no se verá afectada por el intercambio de ejecutivos en la cúpula y en el consejo de administración. Hay más preocupación por los deberes pendientes en materia laboral que heredará el futuro gestor público, ya que el convenio vigente ha entrado en ultraactividad y se debe iniciar la negociación del nuevo acuerdo marco.
Adjudicación a Comsa
La normalidad de la compañía llega a tal punto que este mismo jueves se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) la última subcontratación de servicio que ha dictado la concesionaria. La firma liderada por Acciona ha dejado en manos de Comsa Service FM el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de baja y alta tensión de ATLL.
Los Miarnau se llevan una adjudicación de casi 2,12 millones de euros que estará vigente los próximos tres años. La licitación se formalizó a finales de noviembre.