La Audiencia de Barcelona deberá dirimir en los próximos meses sobre el conflicto accionarial que afecta al primer grupo de distribución en Cataluña, la cadena Bon Preu-Esclat. Los representantes legales de Josep Font, el bufete Fornesa Ceca Magan, han presentado un recurso contra la última resolución del Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona. La sentencia que la juez Marta Cervera emitió a principios de mes en la que rechazaba fijar un precio para completar la venta de títulos de la compañía entre los dos hermanos que se reparten la propiedad.
El recurso se ha interpuesto antes de que venciera el plazo legal correspondiente. Se espera que la causa se una en el reparto a una anterior que instruye el magistrado mercantil José María Ribelles. Este juez tiene pendiente decidir si frena o no el proceso de segregación de activos que se ha iniciado en la empresa. Esta reclamación se cursó como petición de mediadas cautelares, hecho que acortaría los plazos habituales de un conflicto de estas características.
Divergencias en la gestión
Joan (Ballo d’Inversions) y Josep Font (Espai d’Inversions) han recurrido a los tribunales para resolver sus divergencias en la gestión del grupo. El primero, actual presidente de la firma, ha puesto sobre la mesa una propuesta de segregación de activos de la compañía y ha pedido a su hermano que elija uno de los dos bloques que se deben repartir.
La reestructuración societaria que ha diseñado también contempla un tercer paquete que se salva de esta división. Está conformado por las oficinas centrales y la central logística que reparte los productos entre los supermercados Bon Preu y Esclat del grupo. Joan Font y su equipo legal, del grupo Rousaud Costas Duran, pretenden repetir en esta sociedad los mecanismos societarios que ahora existen en la sociedad holding, un extremo que la parte contraria rechaza de frente.
Compra de acciones
Argumenta que si se llegara a este escenario, sería absurdo repetir una fórmula de gestión que ya se ha estrellado. Pero su estrategia judicial está dirigida a evitar la división de una compañía que factura cada año 1.000 millones de euros. Josep Font defiende que si su hermano no lo quiere tener en cuenta en la gestión diaria del grupo, lo que debe hacer es comprarle sus acciones del grupo.
Imagen de uno de los supermercados del grupo Bon Preu / BON PREU
Imagen del interior de un supermercado Bon Preu / BON PREU
Pero la familia se ha enrocado en valorar el precio del 50% de Bon Preu. El vicepresidente presentó un primer informe confeccionado por Mazars que otorgaba al total del grupo un precio de 960 millones de euros. Fue contestado con otro de Faura-Casas en que la tasación se rebajaba hasta los 380 millones.
La segunda ronda de valoraciones fue igual de disparatada. Josep Font puso sobre la mesa un documento de Grant Thorton que fijó el justiprecio en 1.100 millones y Joan hizo lo propio con otro de KPMG que señalaba que sólo valía 600 millones. Alegó que los estatutos del grupo contemplaban que si se llegaba a esta falta de acuerdo se debía poner punto y final al proceso y abrir la escisión. Incluso llegó a asegurar ante el Mercantil 8 de Barcelona que si tenía que pagar 500 millones a su hermano el grupo incurriría en el concurso de acreedores.
Aclaración del laudo arbitral
Por el momento, los tribunales le han dado la razón. El recurso que Fornesa Ceca Magan ha presentado se basa en una auto de aclaración del laudo arbitral al que también se sometieron los accionistas de Bon Preu.
En él, se deja claro que un hermano no puede poner fin a uno de los procesos para dejar el grupo iniciado por el otro. “No puede darse el supuesto de que Espai hubiera puesto fin al proceso iniciado por Baloo, ni tampoco que Baloo hubiera puesto fin al proceso iniciado por Espai”, indica el escrito al que ha tenido acceso Crónica Global.
Cuentas congeladas
La pugna entre la familia Font también ha propiciado que se hayan congelado las cuentas de los ejercicios 2015, 2015 y 2017 de Bon Preu Holding. El vicepresidente no las ha aprobado al no estar de acuerdo con la retribución que el presidente se autoasignó sin obtener el visto bueno del consejo de administración.
Esto fue la gota que colmó el vaso de un conflicto familiar que lleva años de gestación. La pugna que compromete el futuro del primer grupo de supermercados catalán que ha crecido de forma exponencial en los últimos años al calor del procés. La defensa del independentismo es un vector más en la gestión diaria de la compañía, ya que las decisiones políticas de Joan Font sobrepasan el plano personal.
Bon Preu cerró 2017 como un ejercicio récord en el que se llegó a la cifra simbólica de los 1.000 millones de euros de facturación. Se espera otro avance en los ingresos del ejercicio en curso. Con todo, los hermanos tampoco se repartirán los dividendos. Esta es otra de las particularidades de una compañía cuyo futuro está en el aire.