Competencia traslada el escándalo del Aerobús a la Oficina Antifraude. La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha enviado al fiscalizador catalán contra la corrupción indicios de que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, podría haber incurrido en "conflicto de intereses" en el concurso para adjudicar la concesión del bus lanzadera al aeropuerto de El Prat, que está presupuestado en 89 millones de euros.
Fuentes del sector del transporte han indicado que la Autoridad ha dado traslado al caso tras detectar que el ganador de la licitación, Serveis Generals de Movilitat i Transport (SGMT), está participado por la propia AMB mediante Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que tiene un 33% de una de las empresas que forma la unión temporal de empresas vencedoras: Transports Ciutat Comtal (TCC). En otras palabras, la Acco cree que pudo haber lesión de la competencia al adjudicar la AMB la jugosa concesión a un grupo de empresas en el que ella misma participa junto a la transportista independentista Moventia y Tusgsal.
Expedienta a cuatro empresas
Hay más. Las mismas voces del sector del transporte han alertado de que Competencia habría actuado también contra cuatro empresas: SGMT, TCC, Tusgsal y Cinesi, una consultora vinculada a esta última cooperativa de transporte. Lo habría hecho el organismo que preside Marcel Coderch al detectar claros indicios de colusión entre las firmas para ganar el concurso del Aerobús. Ello significa que habría sospechas de que las firmas crearon un cártel para ganar la lucrativa adjudicación --genera beneficios millonarios cada año--, orillando a rivales como el grupo gallego Monbus.
Imagen del Aerobús en la plaza de Cataluña de Barcelona / CG
Imagen del Aerobús en la plaza de Cataluña de Barcelona / CG
Asimismo, directivos del sector privado han asegurado a este medio que la Acco habría informado de este inicio de los expedientes al AMB. Habría alertado a la entidad supramunicipal que el presunto cártel formado por las empresas denunciadas podría cargarse el concurso del Aerobús (la licitación sería nula de pleno derecho si se demuestra) y que esta colaboración entre licitantes habría erosionado los recursos públicos, ya que la institución que preside Ada Colau habría adjudicado el servicio a una unión de empresas que no sería la más ventajosa.
Problema para Ada Colau
Las acciones de Competencia que, contactada por este medio, no ha querido confirmar ni desmentir la información, sigue a los registros que hicieron técnicos del organismo a las sedes de Tusgsal, SGMT, TCC y la consultora Cinesi la pasada semana. Los profesionales del fiscalizador de defensa de la competencia buscaban indicios del presunto cártel entre los socios. Fuentes del sector aseguran que las pruebas recabadas al respecto "son claras", aunque ahora la Acco --que acometió las entradas de la semana pasada acompañada por personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-- debe probarlo antes de sancionar.
Todo ello supone tres cosas. Por un lado, que las firmas investigadas se exponen a ser excluidas de la licitación de 89 millones de euros. Por el otro, que se exponen a fuertes multas de hasta el 10% de la facturación del último ejercicio cerrado.
Asimismo, tanto el traslado del escándalo del Aerobús a la Oficina Antifraude como el inicio de un expediente paraguas a las cuatro empresas suponen un mazazo para Ada Colau, que gobierna el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) gracias a un pacto entre Barcelona en Comú (BComú), que en la institución lleva el nombre de Entesa, el PSC y ERC. A este respecto, cabe recordar que Ciudadanos pidió explicaciones al gobierno supramunicipal la pasada semana, tildando los registros de "muy graves".