Junts pel Sí y el PP vetan la regeneración de la Oficina Antifraude

Evitar que el escándalo que hace unos meses salpicó a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) se vuelva a repetir. Ese es el objetivo de una iniciativa que el pleno del Parlamento catalán que comienza hoy debatirá a instancias de Ciudadanos, pero que cuenta con el rechazo de Junts pel Sí (CDC y ERC) y PP, por lo que es difícil que prospere.

C’s ha presentado una proposición de modificación de la ley de la OAC con la finalidad de evitar que episodios como los protagonizados por su exdirector Daniel de Alfonso, que fue cesado por la Cámara catalana tras la filtración de las grabaciones de unas conversaciones en las que supuestamente conspiraba con el exministro de Interior Jorge Fernández contra el proceso secesionista.

A pesar de que este organismo ya tiene nuevo director --el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Miguel Ángel Gimeno--, y de que la mayoría de altos cargos ya han sido renovados, la formación naranja pretendía ir más allá e introducir en la ley que regula la OAC mecanismos de control que garanticen su buen funcionamiento y gestión.

"Debilidades demostradas"

“Teniendo en cuenta las debilidades mostradas por el procedimiento de nombramiento y control de la actuación de la persona que ejerce como director o directora”, explica C’s en la exposición de motivos de su iniciativa, resulta necesario “reforzar la transparencia, competitividad y publicidad y procedimiento de nombramiento; incrementar los requisitos de experiencia y honorabilidad de los candidatos, incrementar el consenso necesario en su elección y asegurar la independencia de la figura del director o directora adjunta”.

Por ello, C’s propone introducir un nuevo artículo en la ley donde se exige que el director de la OAC no esté afiliado a ningún partido político, sindicato o asociación empresarial o grupo de interés que tenga como finalidad influenciar en las decisiones del poder ejecutivo o legislativo, y que no lo haya estado en los últimos cinco años.

Asimismo, defiende que los cargos de confianza o personal eventual sean elegidos por concurso u oposición.

Ampliación de las causas de cese

Sobre las causas de cese --durante el caso De Alfonso se cuestionó si se le podían aplicar las que ahora contempla la ley--, la proposición de ley amplía los supuestos, incluyendo como causa de revocación del cargo el incumplimiento grave de las obligaciones y los deberes del cargo, y el incumplimiento grave de las leyes aplicables en el desarrollo de sus funciones.

Respecto a las mayorías parlamentarias necesarias para nombrar al máximo responsable de la oficina, Ciudadanos sugiere pasar de las tres quintas partes de los votos que ahora son necesarios a dos terceras partes.

Asimismo, la reforma que propone Ciudadanos contempla más rigor en la elección del director adjunto, potestad del director de la oficina. La elección de Maite Masià --ya cesada-- como número dos de la OAC fue muy polémica, ya que su nombre aparece en el sumario de las ITV, caso por el que será juzgado el exsecretario general de CDC Oriol Pujol.

Sin embargo, la iniciativa no tiene visos de prosperar porque Junts pel Sí y el PP han presentado sendas enmiendas de retorno.