Ada Colau baja al barro y se la jugará con el presunto amaño del Aerobús. La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana (AMB) seguirá con la contrata investigada por presuntas irregularidades pese a que podría acabar siendo nula de pleno derecho y creando un galimatías jurídico.
La institución supramunicipal que gobierna la munícipe de Barcelona hace oídos sordos con las pesquisas iniciadas por la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) y continuará con la licitación. La decisión del AMB, comunicada ayer a este medio, llega horas después de conocerse que el fiscalizador de los mercados registró las sedes de las empresas ganadoras por indicios de supuesta colusión, esto es, un cártel entre compañías.
Ganó un 'pool' público-privado
La investigación de la Acco sobre la adjudicación de la concesión del Aerobús, el bus lanzadera entre el centro de Barcelona y el aeropuerto de El Prat, incluyó registros en las sedes de las firmas que conforman el grupo ganador: Serveis Generals de Movilitat i Transport (SGMT). Estas empresas son la cooperativa Tusgsal y su consultora Cinesi, la transportista independentista Moventia y la pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que preside Mercedes Vidal, una concejal del equipo de Ada Colau.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y su concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, presidenta de TMB / CG
En otras palabras, no solo ha adjudicado el Área Metropolitana una concesión muy lucrativa a un pool de empresas en el que participa directamente, sino que cuando este grupo es investigado, continúa con el proceso de adjudicación como si nada hubiera ocurrido. ¿Con qué argumentos? "La licitación del servicio de Aerobús se ha realizado de forma clara y transparente, con arreglo a las normas que regulan los procedimientos de contratación de las administraciones públicas", arguyó ayer una portavoz.
"Investigación entre empresas"
En la misma línea, la representante hizo hincapié en que el comunicado ṕublico de la Autoridad de la Competencia "se centra exclusivamente en el ámbito de las relaciones entre empresas y no afecta al proceso de licitación llevado a cabo por el Área Metropolitana de Barcelona". Así pues, el AMB --gobernada por Barcelona en Comú y sus aliados, el PSC y ERC-- pretende formalizar un contrato por valor de cerca 90 millones al que dio el visto bueno en un consejo metropolitano el pasado 30 de octubre.
Lo hará pese a que efectivos de la Acco registraron esta semana las oficinas del pool de empresas que conforman SGMT, el ganador. Lo hizo la Autoridad de la Competencia porque obran en su poder indicios de "una posible práctica competitiva consistente en una supuesta concertación en el ámbito de la contratación pública". En otras palabras: un cártel de empresas para ganar el contrato. Si se confirman las sospechas y se expedienta y multa a las firmas, éstas serían excluidas del proceso y se enfrentarían a una posible multa millonaria.
Posible concurso nulo
Hay más. Si la Acco ve probado que hubo "colusión" de empresas licitantes, el contrato podría ser declarado nulo de pleno derecho. Ello generaría un galimatías jurídico similar al del caso Aigues del Ter Llobregat (ATLL) a pequeña escala. A priori, SGMT sería excluida de la licitación y el nuevo ganador sería el segundo clasificado: el grupo gallego Monbus.
El Aerobús, cuyo concurso está siendo investigado por Competencia / CG
En el mismo sentido, hay otro carril paralelo que facilita este escenario. Fuentes cercanas al caso han indicado que Monbus --que ya impugnó la resolución de la mesa de contratación, sin éxito-- está recabando información para presentar un recurso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP). Si el controller de los contratos públicos la da la razón y tumba la adjudicación, ésta podría tener que repetirse o Monbus podría llevarse el gato al agua por esta vía.
Pero, ¿qué pasó?
¿Cómo pudieron hacer descarrilar Colau y el AMB el concurso de un servicio que funciona, y bien --se anota beneficios y cerca de seis millones de pasajeros cada año--? Las fuentes consultadas indican que el principal punto de discordia es que se podría haber presentado al concurso una empresa, La Alcoyana (Grupo Vectalia) solo con el objetivo de bajar las puntuaciones técnicas y beneficiar a SGMT. Las mismas fuentes agregan que este grupo y TMB son socios en otra concesión en Francia. Asimismo, la consultora Cinesi, de Tusgsal, otro de los socios ganadores, ha realizado trabajos para Vectalia, como muestra su portafolio.
Esta práctica se llama colusión y es ilegal. Preguntados por la cuestión, ni Tusgsal ni Moventia han querido hacer comentarios sobre la investigación de la Acco. El AMB, que participa en el pool ganador mediante TMB, se ha desmarcado de la misma. Si bien es cierto que la investigación de Competencia no permite parar el concurso, si hubiera una resolución contraria sí se alteraría el resultado de la adjudicación. De momento, Colau ha decicido no esperar al resultado de las pesquisas y jugársela.