Competencia expedienta a las grandes constructoras por supuestos amaños
Investiga la preparación conjunta de las licitaciones para restringir el paso a empresas más pequeñas
11 octubre, 2018 11:13No se salva ninguna. Acciona, Dragados-ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr. Las grandes constructoras españolas están siendo investigadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles prácticas anticompetitivas en licitaciones de la Administración Pública para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios.
Prácticas que, según Competencia, habrían consistido en acuerdos e intercambios de información entre dichas empresas con el objeto de restringir la competencia. Acuerdos que habrían tenido una especial incidencia en la preparación de sus ofertas técnicas de cara a dichas licitaciones y se habrían instrumentado, entre otras vías, mediante la constitución de un grupo estable y formal constituido por las citadas empresas.
Reunión semanal de un grupo estable
Así, decidían con carácter semanal si contrataban conjuntamente los distintos aspectos que incluía la oferta técnica de las licitaciones que iban haciéndose públicas.
El expediente abierto por la CNMC tiene su origen en determinada documentación encontrada durante la instrucción de otro expediente y que no tenía relación con el caso que se estaba investigando.
Inspecciones domiciliarias
En consecuencia, la dirección de Competencia de la CNMC procedió a incorporar dicha información en un expediente distinto. En el marco de este nuevo expediente la CNMC llevó a cabo inspecciones domiciliarias en cuatro de las empresas incoadas.
Así, a la vista de la información disponible y de la documentación recabada en el marco de dichas inspecciones, Competencia considera que existen indicios racionales de la comisión por parte de estas grandes constructoras españolas de posibles infracciones del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
La CNMV advierte de que no prejuzga el resultado final de la investigación, y que ha abierto un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y su resolución.