La oposición pregunta a Ada Colau por el presunto amaño del concurso del Aerobús. El grupo de Ciudadanos en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), institución supramunicipal que preside la alcaldesa de Barcelona, ha exigido "explicaciones urgentes" sobre los indicios de irregularidades que ha detectado Competencia.
El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en el AMB, Santiago Alonso, ha señalado en su perfil oficial en Twitter que "es muy grave que Competencia inicie una investigación por malas prácticas en la licitación del Aerobús en el Área Metropolitana de Barcelona. Investigación que además afecta a empresas participadas por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Exigimos a Ada Colau que dé explicaciones". Dicho y hecho. La formación naranja ha presentado tres preguntas al consejo del AMB en las que inquiere sobre "la información" de la que dispone la institución, si la investigación "afecta a empresas participadas por el AMB o TMB" y "qué medidas va a adoptar el gobierno del Área Metropolitana" ante las pesquisas.
Registros de la Acco
Las preguntas de Ciudadanos al gobierno del AMB, una institución que preside Colau, llegan después que la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) anunciara que ha iniciado pesquisas por posibles prácticas anticompetitivas en la licitación de la concesión de la gestión del Aerobús, el bus lanzadera que une el centro de la Ciudad Condal con el aeropuerto de El Prat. Técnicos del Acco registraron recientemente hasta cuatro empresas, ha agregado el fiscalizador del mercado. Fuentes del sector han confirmado que eran las sedes de una sociedad anónima y Tusgsal, Transports Ciutat Comtal (TCC) y la consultora Cinesi, vinculada al segundo grupo.
Dos vehículos del Aerobús en la plaza de Cataluña / CG
Dos vehículos del Aerobús en la plaza de Cataluña / CG
El organismo presidido por Marcel Coderch ha recordado que la actuación no presupone ni la apertura de un expediente sancionador ni la culpabilidad de las mercantiles que registró. Ha matizado la Acco, que intervino apoyada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que si se demostrara que hubo colusión entre empresas en el concurso se consideraría una infracción muy grave. Ello conllevaría una descalificación del proceso de adjudicación y una multa que podría alcanzar hasta el 10% del volumen de negocio de la sociedad a cierre del año anterior.
Colau, en la diana
Cualquiera que sean los indicios, lo cierto es que las pesquisas suponen una carga de profundidad contra el Área Metropolitana y la propia Colau, que preside la institución. La también alcaldesa de Barcelona afrontó un concurso de renovación de la concesión muy bronco. Primero, trató de sacar más dinero de la contrata, lo que provocó las quejas de los licitantes y un recurso del explotador actual, Serveis Generals de Movilitat i Transport (SGMT, que forman TCC y Tusgsal), al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. El organismo lo rechazó, pero el trámite retrasó el concurso varios meses.
Después, los competidores presentaron alegaciones a las valoraciones de las mesas de adjudicación. Lo hizo Monbus, que alegó que una de las rivales, La Alcoyana, había presentado un modelo de autobús que no existe en el mercado. El pleno del AMB también las rechazó y dio luz verde a la adjudicación, de nuevo, a SGMT. Ello causará que salvo que la investigación de Competencia arroje resultados, la entente entre TCC y Tusgsal se quede el lucrativo servicio seis años más. Cabe recordar que la lanzadera de viajeros es un servicio que mueve a casi seis millones de personas al año y arroja cuantiosos beneficios.