Las cámaras de comercio de Cataluña han encendido las alarmas ante el camino que ha tomado la convocatoria electoral que se espera para la primera mitad del próximo ejercicio. Desde las 13 organizaciones reconocen que la incertidumbre que genera la presencia del voto electrónico en los comicios. Inquieta desconocer cómo se podrá asegurar la seguridad de la participación.

El director del Consejo General de Cámaras de Comercio (CGCC), Narcís Bosch, reconoció en declaraciones a Crónica Global que la “seguridad total no existe; si no la consiguieron en EEUU nosotros tampoco podremos”. Explicó que el trabajo actual de la institución es el de definir unos pliegos de condiciones de un concurso que deberán lanzar en noviembre. Se busca a la empresa que se responsabilizará de realizar esta votación remota y evite los problemas durante el proceso.

Quién paga los costes

La consejería de Empresa y Conocimiento, encabezada por Àngels Chacón, declaró que fuera el CGCC el que se encargara de dotarse mediante una licitación pública de las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar la votación remota. Esto tampoco no ha gustado al empresariado catalán.

Los ejecutivos critican que la Generalitat repartiese las responsabilidades en organizar la votación pero dejase en el aire definir quién debía ser el encargado de abonar la factura del concurso. Así quedó de manifiesto en el pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona que tuvo lugar el pasado 18 de octubre, el ámbito en el que quedó reflejado el malestar que existe con el Gobierno catalán por este motivo.

Malestar empresarial

Fuentes presentes en este encuentro señalan que se dejó claro que las empresas no podrían ser las responsables últimas de implementar el voto electrónico en unas elecciones que aún no tienen fecha. Explican que la inmensa mayoría de los empresarios consideran que es la propia Generalitat la que debería pagar la factura final. Aseguran que es la máxima interesada en implementar este metodología en los comicios camerales.

Otros interlocutores empresariales echan mano de la normativa que regula el proceso electoral de las cámaras de comercio en toda España para indicar que no debe ser la única forma de participación.

Voto por correo

Aseguran que en el Real Decreto 669/ 2015, el que desarrolla la Ley Básica de Cámaras de Comercio, se deja claro que la votación electrónica es una alternativa más que se puede brindar a los electores potenciales junto a la presencial y a la participación por correo. “Las administraciones públicas no pueden privar a sus electores de este derecho”, manifiestan.

La norma vigente incluso decreta que debe ser la Sociedad Estatal de Correos la encargada de desarrollar este encargo. Conserva esta prerrogativa al ser la entidad prestadora del servicio postal universal de España.

Certificado digital

¿Cómo se podrá ejercer el voto digital? Esta es, precisamente, la cuestión que inquieta a los empresarios que están presentes en alguna de las 13 organizaciones de dinamización económica local catalanas. Bosch declaró a principios de mes que se intentará en la licitación que se activará implementar un nuevo certificado que sólo sirviera para este proceso. Con todo, fuentes de su entorno aseguran que se deja la puerta abierta a otro tipo de metodologías.

Básicamente, a permitir que se use el certificado electrónico que las empresas disponen para poder operar ante la Administración Pública. En este escenario se abriría la puerta a que cualquier gestoría o asesoría fiscal votase en representación de su cliente sin que este le llegase a saber nunca. Por lo que se incurriría en un fraude.

El papel de Pimec

Se advierte de que este sería el gran interés de otra organización empresarial catalana que sigue de cerca la evolución de los comicios en las organizaciones camerales, Pimec. Destacan que la patronal de pymes está incluso en el capital de una empresa que se dedica, entre otras cuestiones, a emitir certificados digitales, Firma Profesional.

Hecho que les permitiría disponer de información privilegiada que podrían usar durante el proceso, otro de los escenario extremos que podría arrastrar a la impugnación de todo el proceso.

¿Más participación?

Desde el entorno de la consejería de Chacón se defiende el voto electrónico como una medida para elevar la participación en estas elecciones empresariales. Recuerdan que de forma habitual movilizan a un número de representantes muy pequeños de los ejecutivos con derechos electorales. Aunque en los plenos de las cámaras catalanas se refuta estos argumentos.

Se pone de ejemplo lo ocurrido en el proceso electoral en la Comunidad Valenciana. Allí se dio forma a un sistema de votación electrónica, aunque su puesta en marcha no revirtió una participación prácticamente testimonial. Es verdad que no había demasiada competencia entre candidaturas, pero los ejecutivos prefirieron el voto por correo o presencial antes que recurrir a la plataforma tecnológica.