La industria cárnica en España es una potencia mundial. Pero los conflictos laborales que han llevado al sector a las portadas en los últimos meses son el caldo de cultivo perfecto para una huelga con la que amagan los trabajadores. La negociación del convenio colectivo de aplicación estatal puede ser el elemento que haga estallar de forma definitiva el malestar de los empleados. Y no tendrá un impacto precisamente menor. La protesta del colectivo afectaría a más de 85.000 personas.

El principal escollo del debate laboral es la división que existe entre las patronales del sector. Las cárnicas carecen de una voz empresarial única y eso las ha perjudicado en un momento de plena transformación. Más allá de los avances que ha provocado la digitalización de los procesos y la irrupción de la industria 4.0, el Gobierno ha cerrado el grifo ante una práctica muy habitual en una actividad que equivale al 2% del PIB nacional: el uso de falsos cooperativistas en los mataderos y salas de despiece.

Servicarne, el primer denunciado

El papel de los sindicatos ha sido capital a la hora de denunciar estas prácticas. La denuncia de CCOO y UGT sobre la estructura empresarial del gigante Servicarne ante Inspección de Trabajo propició la primera resolución a favor de sus reivindicaciones. Ahora, se intenta que un juez la ratifique.

El organismo del Ministerio de Trabajo decretó la ilegalidad de crear cooperativas para que operasen en el primer manipulado de la carne. Decretó que trabajaban bajo la batuta de Servicarne y que la empresa les obligaba a darse de alta como autónomos a través de estas sociedades intermedias para acceder a un puesto de trabajo. Sólo cobraban las horas que estaban activos, se les cambiaba el calendario laboral sin preavisos y no recibían compensaciones por vacaciones. En algunos casos incluso se les obligaba a utilizar su propio material, tal y como consta en las quejas de sus representantes.

54 falsas cooperativas de una cárnica

Se multó a Servicarne y se le obligó a regularizar el empleo de las casi 5.000 personas que estaban dados de alta como autónomos mercantiles. La resolución afectó a las 54 cooperativas que operaban en Zaragoza, Valladolid, Comunidad Valenciana, Toledo, Pontevedra, Orense, Navarra, Málaga, Madrid, Lugo, León, Lleida, La Rioja, ciudad Real, Castellón, Burgos, Barcelona o Alava.

El responsable de Industria Agroalimentaria de CCOO, Vicente Canet, explica que hasta ahora sólo nueve de estas falsas cooperativas han pasado a sus trabajadores al régimen general. El resto están a la espera de la sentencia judicial que esperan que les de la razón.

Despidos denunciados

Los trabajadores no protestan por miedo a represalias. El sindicalista relata que los pocos que se han atrevido a dar el paso y reclamar un contrato laboral han sido despedidos. Los afectados han denunciado la situación ante los tribunales y se espera que los juicios tengan lugar “entre abril y mayo” de 2019.

Los sindicatos aseguran que lucharán hasta que se consiga la plena regularización de todos los empleados precarios. Explican que cuando llegue ese momento conocerán el número exacto de trabajadores que están en esta situación, ya que no existe un cálculo exacto sobre el alcalde de esta picaresca en la contratación que está judicializada.

Unos 30.000 falsos autónomos

Las cifras que se barajan tanto en CCOO como en UGT es que más afectaría a más de 30.000 trabajadores. Algunos inspectores apuntaban tras las primeras denuncias que unos 15.000 empelados del país estarían en esta situación, aunque ahora reconocen que esta cifra es mucho más alta.

Servicarne ha sido la primera empresa en la que se han levantado actas contrarias a los intereses empresariales en el sector. También están obligados a regularizar la situación de todos sus falsos cooperativistas las empresas del grupo Vall-Companys, del Grupo Artisa o de Tisa-Basa, por ejemplo. Tanto cárnicas como sociedades que trabajan con aves y conejos, que se remiten a un convenio sectorial diferente al que está vigente.

Acuerdo en Grupo Jorge

Para resolver el conflicto, CCOO pone como ejemplo el acuerdo sindical que se ha alcanzado en los mataderos catalanes de Grupo Jorge. La compañía se ha comprometido a dar de alta en el régimen general a estos trabajadores, aunque tiene pendiente resolver los problemas laborales en los centros de trabajo de Aragón.

UGT se ha desmarcado del pacto. Los responsables de industria del sindicato muestran sus recelos de que las regularizaciones de empleo se realicen en el tiempo y forma pactados y con todas las garantías para los trabajadores. Esperan a que Inspección de Trabajo haga pública su acta de resolución del conflicto en Cataluña para valorar cuál es su siguiente paso y advierten que se fiscalizará a la empresa para que cumplan hasta el mínimo detalle sus compromisos.

Los sindicatos concluyen que el conflicto laboral en la industria cárnica tiene un largo recorrido judicial. Las resoluciones que se emitan al respecto serán claves para definir el futuro de un sector con una cifra de negocios agregada que ronda los 22.000 millones de euros y que afecta a 8.000 empresas, 7.500 establecimientos y unos 600 mataderos.