La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana (AMB), Ada Colau, ha propuesto destinar otros 295.684,62 euros de la Administración supramunicipal a gasto en “estudios y defensas jurídicas”. Así consta en el noveno punto del orden del día del consejo metropolitano de julio, que se reunirá este martes y deberá valorar varias adendas al presupuesto vigente.

Desde la organización supramunicipal se indica que la iniciativa tiene todos los números de prosperar. Las fuentes consultadas denuncian que se trata de otra muestra del repunte de los litigios en el mandato que está a punto de terminar. Acciones judiciales que, según los mismos interlocutores, responden más a decisiones de calado político e ideológico que a cuestiones del día a día de la institución.

Reglamento sobre el VTC

La última se libra en el sector del taxi. El AMB se debe reforzar ante la batalla judicial que se abre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el reglamento para limitar las licencias de vehículos con conductor (VTC). Fue suspendido de forma temporal la semana pasada por una presunta falta de competencias. Los magistrados aceptaron la medida cautelar que solicitaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las fuentes consultadas apuntan a que ya se había advertido al gobierno metropolitano de que se incurría en un conflicto de atribución de responsabilidades cuando se dibujaba el nuevo ordenamiento, que quería poner coto a empresas como Uber o Cabify. De hecho, aunque se aprobó en el consejo de junio se tardó 10 días en publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP). Es decir, en entrar en vigor. Cuestión inaudita en las decisiones políticas que se toman en el AMB.

Frente contra la gestora del agua

Mientras se acaba de perfilar la batalla judicial en la vicepresidencia de Movilidad y Transporte, encabezada por el socialista Antoni Poveda, la de Medio Ambiente tiene varios frentes abiertos con la gestión del agua. Liderada por Eloi Badia, se ha llegado a los tribunales incluso para batallar el intento de desvincular de la depuradora de El Prat del Llobregat la gestión terciaria (regeneración) que se puso en marcha el pasado enero. La justicia dio la razón a la empresa mixta que gestiona la infraestructura.

Esta cuestión será materia de debate en la parte final del consejo metropolitano de este martes. Los partidos con representación en el AMB deberán pronunciarse sobre la modificación del “régimen de funcionamiento y regulación de explotación” de este sistema de depuración que se añade y que permite cerrar el ciclo del agua.

Pugna con la gestora

Se debe hacer por otro pulso entre la vicepresidencia de Badia y la empresa mixta que gestiona el servicio, Aguas de Barcelona. El AMB estima parcialmente un recurso de reposición a los detalles técnicos de la explotación. El también concejal de Barcelona es un defensor de la gestión pública del agua. De hecho, aterrizó en el equipo de Colau desde el activismo en este sector. Su gran obra en el mandato ha sido poner en marcha el cambio de modelo actual para que sean directamente los distintos consistorios metropolitanos los que se encarguen de potabilizar, repartir en la ciudad, recuperar y depurar el agua.

Por el momento, cuenta con un éxito moderado que se caracteriza por la litigiosidad que ha propiciado reforzar la partida económica del AMB a finales del semestre. Se han abierto múltiples causas, desde el intento de modificar el contrato de gestión o revisar a la baja el precio de los activos que forman parte de la empresa gestora.

Sentencia del Supremo

Todo ello se suma a la resolución que emitirá el Tribunal Supremo --como muy tarde, a principios de 2019-- que debe avalar o rechazar la enmienda del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) a la creación de esta sociedad. Hecho que podría suponer su desaparición.

La ejecución de esta sentencia se advierte como otro foco de conflicto judicial en la institución supramunicipal.