Colau busca a un responsable jurídico para la empresa de las cloacas de Barcelona

Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) ha abierto un proceso de concurrencia pública para nombrar a un director jurídico adscrito a esta compañía municipal, cuya principal ocupación es la de gestionar el alcantarillado y algunas fuentes ornamentales de gestión pública de la ciudad. Los interesados en el cargo tienen hasta el próximo domingo, 17 de junio, para presentar candidaturas. Aunque el proceso ha propiciado cierto revuelo en la sociedad.

Fuentes cercanas a la dirección, presidida por uno de los concejales más cercanos a la alcaldesa, Eloi Badia, dan por sentado que en el proceso público concurrirá Joaquim Oliveras. Un ejecutivo al que BComú intenta buscar acomodo en alguna responsabilidad ligada al ámbito del medio ambiente tanto en el consistorio como en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Dirección del Ciclo del Agua

La primera vez que Badia puso su nombre sobre la mesa de Colau fue a finales de febrero de 2017. Fue propuesto para asumir la dirección de Servicios del Ciclo del Agua en la organización supramunicipal tras la renuncia del que era responsable de este ámbito hasta la fecha, Llorenç Alerm. Este directivo fue contratado posteriormente por el ayuntamiento de la capital catalana para encargarse de estudiar cómo se puede realizar la municipalización del servicio del agua, uno de los grandes objetivos de mandato y con el que se obceca el gobierno municipal.

Pero su nombramiento fue abortado en el último momento. La candidatura decayó del orden del día del Consejo Metropolitano en el que se debía aprobar, tras salir a la luz que era investigado en el marco de un presunto caso de corrupción alrededor del Consejo Comarcal de La Selva durante el mandato de Ramón Fauria (CiU). Cuestión que choca con el código ético de BComú.

Concurso ‘exprés’

A principios de este enero su nombre volvió a aparecer. En esta ocasión, vinculado con la convocatoria de un concurso para nombrar al coordinador de servicios de Medio Ambiente. Un proceso que se tuvo que repetir porque en la primera convocatoria se dieron tan sólo cinco días hábiles para presentar candidaturas. La mitad del tiempo que habitualmente se ofrece en el resto de concursos públicos del AMB.

Finalmente, se optó por un proceso de libre designación. Así había sido aprobado en el Consejo Metropolitano de febrero.

Plaza vacante

Los portavoces del consistorio indican que el concurso público para buscar a un director jurídico de BCASA necesitan únicamente cubrir una plaza que está vacante. Hasta la fecha, este cargo lo ejercía un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Sabadell que estaba en situación de comisión de servicios. Una fórmula que permite a los trabajadores públicos ejercer una responsabilidad distinta al empleo que tienen asignado por su carrera.

Incluso facilita, como ocurre en este caso, que se pueda ir a otra administración distinta. Pero siempre por un periodo de tiempo acotado. La comisión que afectaba al directivo de la empresa que gestiona también las playas y el litoral de la capital catalana finalizaba este 2018. El consistorio de la cocapital del Vallès Occidental, encabezado por Matías Serracant (CUP), lo reclamó y la plaza quedó vacante.

Concurrencia pública

Puntualizan que se ha abierto el concurso porque el consistorio sólo facilita empleos a personas que provengan de bolsas de trabajo con las mismas condiciones que las de Barcelona. Desde que BComú está en la alcaldía se pone el acento en las llamadas medidas de contratación social, cuestión que les ha puesto en algún que otro aprieto por condicionar la libre concurrencia y que en este caso afecta relativamente poco.

El hecho de que la plaza sea de concurrencia publica propiciará que Oliveras se tenga que enfrentar con otros candidatos, añaden otros interlocutores cercanos a BCASA. Destacan que las condiciones de la oferta laboral son apetitosas para el sector. La licitación propicia un contrato laborable fijo con una retribución de 54.000 euros anuales brutos. Es de dedicación exclusiva.