3CS Cambios Estratégicos es una consultora andaluza con oficina en Madrid y una larga trayectoria en proyectos de transformación municipal. Es decir, en aplicar iniciativas tecnológicas en polígonos industriales o en crear una smart city, además de implementar los llamados procesos de gobernanza pública. En acercar la Administración al ciudadano con diálogos participativos o aprovechando la innovación de blockchain. Es también una firma que ha puesto en un aprieto al Ayuntamiento de Barcelona.

Sus responsables han presentado una querella por prevaricación y malversación de caudales públicos contra el equipo de gobierno de Ada Colau. El origen: el concurso público para los servicios de producción y logística para la multiconsulta que se quería lanzar en la capital catalana como muy tarde después del verano.

Fracaso político paralelo al concurso

El pleno de Barcelona de abril tumbó la iniciativa. BComú no consiguió ni siquiera el apoyo de la CUP para lanzar esta especie de minirreferéndum en el que se quería preguntar, básicamente, sobre la municipalización del agua. Una política que el equipo local insiste en aplicar en este mandato. Pero el fracaso en el terreno político es paralelo a la licitación. Así lo reivindica y actúa en consecuencia la compañía que ha puesto en un aprieto al Gobierno municipal.

La pugna jurídica se remonta al pasado 2 de enero. 3CS Cambios Estratégicos presentó ese día un recurso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) contra el anuncio y los pliegos de condiciones del contrato. Se pedía la anulación por las incorrecciones que aseguraban que existía en el proceso.

Recurso contra los pliegos de la concesión

Alegaron que se implementaban “cláusulas sociales en los criterios de valoración que no están relacionadas con el objeto del contrato de servicios” --cuestión que ya ha provocado que se enmienden otros procesos públicos municipales--; que eran contrarios al “principio constitucional de libertad de empresa” por los requisitos de medios personales; y que eran discriminatorios y desproporcionados en su “condición especial de ejecución”.

Además de denunciar la “ausencia de regulación ante el supuesto de que la multiconsulta no fuera autorizada”. Hecho que ocurrió en la sesión plenaria que tuvo lugar cuatro meses después.

Respuesta en mayo

Como es habitual en concesiones polémicas, la interposición del recurso implicó que se paralizara. El TCCSP no contestó hasta el 16 de mayo, fecha de publicación de su valoración de la oferta. Por unanimidad, los representantes de este órgano que regula la contratación pública estimaron parcialmente los argumentos de la compañía andaluza.

Anuló varias cláusulas sociales al considerar que eran excesivamente restrictivas, como la obligación de mantener un contrato laboral con todos los trabajadores de la compañía, y dio un espaldarazo a la “exigencia de compromiso de adscripción de medios”. En cuanto a la resolución del contrato por falta de acuerdo, avaló la cláusula que introducía la decisión “unilateral” de romperlo por la imposibilidad de celebración por “causas jurídicas y otras políticas” previo pago de las “tareas realizadas y una posible indemnización de un máximo del 2%”.

Falta de desistimiento explícito

El problema es que la mesa de contratación nunca ha llegado a modificar este contrato. Consideró que al no existir acuerdo no había lugar a la licitación, cuestión que incluso la denunciante acepta. Pero considera que este último precepto que cuenta con el aval del TCCSP no se puede aplicar porque, de facto, nunca se ha producido la adjudicación. Por lo que se requería un desistimiento explícito.

Más allá de este tecnicismo, también censuran la actitud del gobierno de Colau tras conocer el recurso interpuesto. Además de limitarse a alegar ante el tribunal que se había presentado fuera de plazo, extremo desestimado, anunció que las tareas se asumirían de forma interna. “Si anteriormente has alegado que no contabas con los recursos necesarios disponibles, lo que manifiestas al convocar el concurso, no puedes decir en semanas que los has encontrado”, argumenta el responsable de la empresa denunciante, José María Zambrano.

Incremento del presupuesto

La guinda del pastel es el incremento de presupuesto. Mientras que en la concesión se ofrecían 700.000 euros, al anunciar que se asumían de nuevo de forma interna el presupuesto incrementó hasta los 1,5 millones. “Sin ni siquiera un informe jurídico que avalara este incremento temerario”, añade el ejecutivo.

Por todo ello, hace dos meses informaron a la Fiscalía de Barcelona de los presuntos delitos que habría cometido el consistorio en esta licitación. Los portavoces de la empresa explican que no han recibido respuesta del ministerio público y que, por ello, han decidido formalizar ellos mismos la querella penal.

“Lo único que exigimos con este paso es que se tenga la máxima pulcritud y respeto en los procesos de gobernanza pública que emprenden las ciudades”, reivindica Zambrano. “Se debe cumplir la ley”.