Las telecomunicaciones de Barcelona: la economía colaborativa que no pudo ser

Renovar las telecomunicaciones del Ayuntamiento de Barcelona fue uno de los primeros retos que tuvo ante si BComú tras ganar las elecciones municipales de 2015. La alcaldesa, Ada Colau, había paralizado la renovación del contrato con Telefónica que tenía previsto aprobar su predecesor en el cargo, Xavier Trias, ese mismo mayo.

Acusó a la cotizada de vulnerar los derechos de los trabajadores que subcontrataba, ya que en ese momento estaban en huelga encerrados en el edificio de la Mobile World Capital Barcelona y anunció que iba a buscar una solución para el nuevo contrato. Una concesión en la que se pretendía dar entrada a empresas basadas en la economía colaborativa, pero la propia complejidad de la adjudicación hizo que el objetivo no prosperase.

Ofertas técnicas superiores

Sí que pujaron por alguno de los lotes que salieron a concurso grupos con este perfil, pero sus plicas pincharon en la mesa de adjudicación. Las ofertas de los grandes grupos les barrieron a la hora de puntuar porqué, de forma lógica, sus propuestas técnicas eran superiores. A final, Telefónica se repartió el servicio junto con Vodafone. Incluso Orange, que había pujado en la oferta, se quedó fuera de la licitación.

No se trataba de un contrato menor. Debe asegurar que facilitará la comunicación (voz y datos) a los 13.028 personas que trabajan en el consistorio y en su red de empresas públicas, además de ofrecer otros servicios multitudinarios como el futuro wifi abierto en la red de autobuses.

Adenda laboral

Colau dejó imprenta en este contrato firmado finalmente en el verano de 2016 al obligar a las adjudicatarias a asumir una cláusula laboral. Una adenda en el contrato que marcaba como requisito el control de que todos los trabajadores del servicio recibían las condiciones estipuladas en sus convenios, tanto la plantilla de la empresa como de las subcontratas.

Dar forma a este concurso público fue complicado y propició que se prorrogara en tres ocasiones el contrato a Telefónica. El grupo ingresó más de 4,5 millones de euros por 18 meses adicionales de servicio. Cifra a la que ahora se le sumará otros 799.000 euros de una cuarto contrato puente de unos seis meses. Un tiempo extra en el que se calcula que será suficiente para finalizar la migración de los servicios.