Uno de las primeros grandes concursos públicos que activó Ada Colau al convertirse en alcaldesa de Barcelona fue el de los servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento. Una concesión en la que Telefónica vio como Vodafone se quedaba parte de un pastel que había controlado hasta ese momento.

Finalizó en verano de 2016, y fue precedida de tres prórrogas de contrato a la cotizada presidida por José María Álvarez-Pallete. Casi un año y medio después, el consistorio se ha visto obligado renovar el contrato con esta compañía.

El aplazo asciende a los 798.422,92 euros. Se adjudicó a finales de marzo mediante un proceso negociado en exclusividad. Sobre el papel, no es una prórroga como tal. Resulta una nueva adjudicación motivada por las dificultades de cambiar de operador de telecomunicaciones municipales, según los portavoces del equipo de Gobierno municipal.

Proceso complejo

Indican que se trata de un proceso complejo por el volumen de datos y servicios que se deben pasar de Telefónica a Vodafone. Cabe tener en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona y sus empresas públicas sumaban 13.028 trabajadores en 2016, el último dato actualizado en el anuario estadístico de la ciudad.

Una plantilla pública a la que se deben sumar los cargos electos y otro tipo de contratos como los asesores políticos. Todos ellos usan diferentes servicios de telecomunicaciones municipales.

Proceso de migración

El contrato firmado en 2016 repartía entre Telefónica y Vodafone la operación de líneas fijas y móviles de voz y datos. Además, también otorgaba la habilitación de Internet tanto en dependencias municipales como la obligación de activar una red wifi gratuita en los autobuses. Tenía una durada de dos años prorrogables a otros dos --en contratación pública es habitual que se agoten estos límites-- y estaba valorado en 4,5 millones de euros.

Pero no se calculó con exactitud cuánto se tardaría en completar la migración. Un nuevo fallo en los procesos de contratación pública promovidos en el último mandato que han llevado a que se movilizaran más recursos financieros de lo previsto inicialmente.

Garantías del servicio

Otras fuentes municipales aseguran que se trata de una medida prudente que garantizará que ningún trabajador público sufra problemas al usar telecomunicaciones municipales. Telefónica se quedará con todos los servicios hasta que finalice el proceso de migración.

El contrato puente tiene una durada de seis meses, prorrogables a otros seis más.