La inutilidad del salario mínimo interprofesional

Patronal y sindicatos mantienen un pulso para fijar cuánto se suben los salarios en el país. Una negociación fracasada en 2017 que se ha retomado en este ejercicio tras un pacto entre los agentes sociales y el Gobierno para revalorizar el salario mínimo interprofesional (SMI). El real decreto ley publicado el 29 de diciembre se vendió como un hito que marca el camino del resto de la negociación colectiva.

Pero, más allá de ejercer de precedente, la utilidad de la subida del 4% de la retribución hasta los 10.304 euros anuales (736 euros en 14 pagas) en este 2018 y hasta los 11.901 euros (850 mensuales) en 2020 si se mejora en creación de empleo y el PIB crece un mínimo del 2,5% es extremadamente limitada ante los actuales retos del mercado laboral.

Afectación al 0,98% de los cotizantes

De entrada, sólo afecta a 136.214 trabajadores o, lo que es lo mismo, el 0,98% de los cotizantes de la Seguridad Social, según los datos que publicó CEOE. Y de los convenios vigentes en Cataluña, sólo el 8,62% de ellos remite directamente al SMI para marcar la retribución más baja de un centro de trabajo, tal y como indica un estudio realizado por Foment del Treball.

El Gobierno y los agentes sociales firman la subida gradual del salario mínimo hasta los 850 euros / CG

El problema de la organización de la fuerza de trabajo es que, de entrada, el 28,31% de los acuerdos laborales catalanes, tanto de ámbito sectorial o empresarial, establecen que el salario mínimo de una compañía es igual o inferior a lo que marca el real decreto ley, tal y como demuestra el mismo estudio de la patronal presidida por Joaquim Gay de Montellà.

Falsas categorías laborales

Retribuciones pactadas que en algunos sectores superan por poco los 600 euros y que corresponden sobre el papel al personal en formación o aprendices de primer año. A trabajadores que aceptan percibir el 70% de los salarios pactados por convenio con la perspectiva de establecer una carrera profesional dentro de una compañía o que están interesados en las oportunidades de formación dentro de la corporación.

Pero una realidad habitual en el mercado laboral del país se ha desvirtuado tras la crisis económica, según las fuentes consultadas, y lleva a uno de los dramas del mercado laboral español de 2018: las falsas categorías laborales. Gente que ha optado y ha firmado un contrato para desempeñar unas funciones que en su día a día en la compañía se superan.

Sobrecualificación

¿Por fuerza? No, patronales, sindicatos y el mundo jurídico reconocen que la sobrecualificación es un problema complejo que no acepta soluciones simples como la manida imagen del ejecutivo explotador.

Más allá de una minoría de empresarios pirata, tal y como se les denomina incluso dentro de la patronal, la disfunción del mercado laboral español se inició antes de la crisis y ha incrementado por la destrucción de empleo. Existen más titulados universitarios de lo que puede absorber la demanda actual frente a ofertas sin cubrir de personal técnico intermedio o superior.

Un trabajador en una de las líneas de montaje de la fábrica de Renault en Sevilla / EFE

Y con el alto nivel de paro, la opción de muchos ha sido coparlos incluso al esconder en su currículum titulaciones. Aunque a la hora de desempeñar su trabajo los suelen poner en práctica, hecho que genera una brecha entre la categoría laboral --y la retribución-- y las responsabilidades que asumen.

Garantías legales para el trabajador

¿Se aprovechan los empleadores de esta realidad? Desde el ámbito jurídico se advierte de que realizar estas prácticas de forma recurrente es una fuente de problemas para el empresario. Recuerdan que la normativa vigente es muy garantista en este sentido y suele favorecer al trabajador. Por lo que tiene todas las de ganar al comparecer ante el juez.

El obstáculo en la actual organización del mercado laboral es abrir un litigio. La secretaria de Acción Sindical de CCOO de Cataluña, Cristina Torre, relata que al problema de la sobrecualificación se le añade el de la tipología contractual.

“¿Cómo va a denunciar un trabajador con un contrato temporal que espera que le renueven?”, señala la sindicalista. Reconoce que incluso existe un rechazo frontal por parte de los trabajadores que sufren este tipo de situaciones por el temor de perder el empleo. Por todo ello, concluye que la “lucha y reivindicación colectiva” es la única alternativa. "Se debe pagar por la función que hacen las personas", sentencia.

Inspección laboral

Desde Foment del Treball ponen de manifiesto su colaboración con la Inspección Laboral para sancionar este tipo de prácticas. Afirman que los fiscalizadores se han puesto las pilas ante esta realidad y han incrementado, por ejemplo, la persecución de las horas extraordinarias que no se pagan con un mayor control de registro horario, las categorías laborales y las subcontrataciones.

El colectivo de camareras de piso 'Las Kellys', ante el Congreso de Diputados en mayo del año pasado / EFE

Incluso se persiguen, manifiestan otras fuentes, otras menos conocidas que la realidad de las llamadas Kellys, las camareras de piso con retribuciones exageradamente bajas. Las empresas también recurren a ellas a la hora de desempeñar tareas especializadas por las que se requiere personal más cualificado. Existen sanciones por cesión ilegal de trabajadores al considerarse que son parte de la estructura laboral de la compañía al recibir directrices de la cúpula.

Ordenar este tipo de relaciones laborales de la llamada nueva economía es parte del debate pendiente que se debe mantener en la concertación social. Basada, por ahora, en los salarios.