Colau se enreda con la burocracia al intentar renovar el contrato del agua del AMB

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha topado de nuevo con la burocracia de las administraciones públicas en una de sus luchas de bandera, la municipalización del agua. Tuvo que retirar a última hora el punto del orden del día del pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que hacía referencia a la modificación del acuerdo marco que mantiene la institución con Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo del Agua. Un intento de modificar el contrato actual para gestionar este servicio avanzado por Crónica Global.

Lo hizo tras un recurso de reposición impulsado por parte del PDeCAT, que en la institución supramunicipal está representado por el alcalde de Sant Climent del Llobregat, Isidre Serra. Replicó que en la comisión informativa en la que se presentó la propuesta no estuvieron presentes ni el responsable político del área de Medio Ambiente, Eloi Badia, ni el técnico, Joan Pinyol.

Reglamento de la institución

Hecho que impide, según el reglamento de la institución, que una cuestión como esta pueda prosperar. Representa que la oposición no ha sido informada correctamente de la iniciativa que se quiere tirar adelante.

Más, en una cuestión que ni siquiera se someterá a votación en el pleno metropolitano. El Gobierno del AMB informa a través del pleno al resto del grupo que se ha abierto un expediente para la revisión y modificación del acuerdo marco con la gestora del agua y que se dará audiencia a los responsables de la misma.

Contrato judicializado

Lo paradójico del caso es que la propia institución metropolitana participa en la empresa mixta. Controla una participación del 15%, mientras que el 85% restante está en manos del grupo Agbar desde 2012, tal y como decidió el predecesor de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB, Xavier Trias.

Además, el proceso que se siguió en la administración para crear la gestora mixta del servicio está judicializado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo anuló en marzo de 2016 y el Tribunal Supremo tiene pendiente revisar el recurso que se presentó al respecto. Los magistrados aún no tienen fecha para la revisión.

Esperar un mes

Tras este tropiezo formal, Colau deberá esperar un mes para empezar a incoar el expediente. La oposición supramunicial indica que el plan saldrá adelante al ser una simple notificación --un “assabentat”, enterado, en jerga administrativa--. BComú deberá esperar 30 días e intentar no tropezar con la misma piedra.