Las empresas 'fugadas' quieren volver con los impuestos mejorados

La senda del post-procés en Cataluña pasa porque las empresas que se han fugado por la inestabilidad de la deriva independentista realicen un nuevo cambio de domicilio social a la inversa. La llamada operación retorno, tal y como se le llama en algunos ámbitos, se considera un símbolo de estabilidad y el mejor mensaje que se puede mandar a los inversores, pero para que se produzca el empresariado ya ha puesto sobre la mesa la petición de revisar los impuestos vigentes.

Fue el presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, quien reclamó a Mariano Rajoy “incentivos” para iniciar este proceso la semana pasada, en la noche de entrega de las medallas de honor y los premios Carles Ferrer Salat. Este sábado en el XXII Encuentro de Economía en S’Agaró (Girona), el ministro de Economía, Luis De Guindos, ha manifestado que Cataluña tiene la atracción suficiente para que las compañías regresen si se acaba con las "políticas irracionales".

Ciertas voces de la patronal indican que revisar la fiscalidad catalana, una cuestión a la que por ahora el Gobierno central se pone de perfil, sería la "compensación justa" por haber facilitado la salida de las compañías con el decreto que habilitaba a los consejos directivos para aprobar la medida sin necesidad de pasar por la junta de accionistas. Otra reclamación del empresariado en el momento de mayor tensión del procés.

Imagen de un territorio con muchos impuestos

Los interlocutores de la organización empresarial consultados señalan que se debe luchar con la imagen instaurada en los últimos años de que Cataluña es un territorio “con impuestos altos, poca previsibilidad y no demasiado favorable a las grandes empresas”. Una consideración de que se vive en una “isla” con muchos gravámenes que no resulta el “mejor escenario para los altos ejecutivos y la actividad”, añaden.

Se abre la puerta a eliminar las nuevas tasas que se han acuñado en las últimas legislaturas para incrementar la recaudación del erario público. Como el impuesto a los activos improductivos aprobado en mayo. Los ejecutivos defienden que, como mínimo, resulta “difícil de explicar”. Consideran que grava lo mismo que el IBI y la tasa de patrimonio.

Bebidas azucaradas y emisiones

El de bebidas azucaradas se critica por el ámbito de actuación, ya que consideran que los efectos sobre la salud pública son positivos pero que si no tiene vigencia en todo el país lleva a la competencia desleal. Esta tasa está denunciada por asociaciones y cooperativas del sector agrario, las principales patronales de la distribución y de la industria (Anged, Asedas, Fiab, Promarca y Aces) y Marcas de Restauración.

Algo parecido ocurre con el de las emisiones contaminantes o el canon de explotación de actividad, aunque no han acabado en los tribunales.

Valoración del impacto final

Los empresarios consideran que ahora se brinda la oportunidad perfecta para abrir el debate sobre la idoneidad de estos gravámenes. De si realmente la recaudación que se obtiene de las tasas es beneficiosa si se tiene en cuenta el operativo que requiere hacerlos efectivos.

Indican que valorar esta cuestión es capital para determinar si resultan una buena herramienta para mejorar los ingresos públicos o derivan en un obstáculo empresarial que espanta a nuevos negocios y pone trabas a la inversión.

Impuestos patrimoniales

Algunas de las fuentes patronales consultadas van más allá. Señalan que si se abre la caja de Pandora de la revisión de impuestos también se debería apuntar a la fiscalidad patrimonial, más altos en Cataluña que en la media del país.

La fiscalidad no ha sido uno de los elementos capitales a la hora de decidir el territorio de destino de las corporaciones si se analizan las comunidades receptoras. Pero los empresarios consideran que si se habla de incentivos para fomentar operación retorno resultaría capital revisar la tasa de sucesiones, donaciones o la patrimonial.

Estabilidad institucional

También existen voces que se han mostrado contrarias a este tipo de estímulos desde el sector público, como la del presidente de la Cámara de Comercio de España, Fira Barcelona y Freixenet, José Luís Bonet. “Yo no impulsaría planes especiales o subvenciones, ofrecería estabilidad”, manifestó en un desayuno informativo esta semana.

Grandes corporaciones como Abertis o Gas Natural ya han avisado de que ejecutarían un nuevo cambio de domicilio social si se da el panorama de estabilidad deseado en Cataluña. Una promesa a medio plazo ligada, en gran medida, a los resultados de las elecciones del 21 de diciembre, de las mayorías que salgan de las urnas y de qué camino tomaría, llegado el caso, el proceso independentista catalán.