Francisco Rodríguez, profesor de la UM y el barcelonés Alexandro Maccarrone

Francisco Rodríguez, profesor de la UM y el barcelonés Alexandro Maccarrone FOTOMONTAJE CG

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Un prestamista del inmobiliario catalán arrebata el piso a un profesor de la Universidad de Málaga

El financiero, vinculado a la trama 'opciones de compra', vende sin permiso el apartamento del académico Francisco Rodríguez

El notario Sergi González para la operación y ayuda a los Mossos d'Esquadra a iniciar una investigación

Más información: Seísmo en el inmobiliario catalán: AM Inversiones huye a la carrera

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Un prestamista del inmobiliario catalán ha intentado ejecutar la compraventa de un piso en el que reside un profesor de la Universidad de Málaga (UMA) sin permiso de éste, provocando un escándalo a nivel nacional. El barcelonés Alessandro Maccarrone, financiero del ladrillo catalán, intentó vender el apartamento del académico en la capital provincial sin que éste lo supiera.

La operación la ha parado el notario barcelonés Sergi González (G&G Notarios), que ha informado a los Mossos d'Esquadra. La policía catalana investiga.

Lo detallan fuentes del sector inmobiliario, que alertan de que Maccarrone, financiero del real estate catalán, es el hombre tras el intento fraudulento de venta del piso del profesor Francisco Rodríguez en el barrio de Teatrinos de Málaga. Éste ha denunciado usurpación de identidad.

Con la ayuda del notario de Barcelona, ha paralizado la venta ilegal de su vivienda, mientras su caso recorría televisiones, medios regionales y cabeceras nacionales.

Opción de compra

El caso se remonta a la primavera de 2025, cuando dos personas firmaron una opción de compra sobre el piso del profesor Rodríguez sin su permiso en G&G.

Panorámica de Málaga

Panorámica de Málaga

Los compradores colocaron la compra diferida por un 40% menos del valor del activo y por un plazo de 36 meses. El problema es que el propietario del activo no tenía información de que su casa se estaba vendiendo.

Maccarrone impulsa la operación

El intermediario de la operación fue el intermediario y financiero catalán de origen italiano Alessandro Maccarrone. Para ello, se apoyó en el abogado Claudio Coello, indican las mismas fuentes.

Contactado por Crónica Global, el empresario no ha contestado a este medio.

El notario para la operación

La transacción no se ha cerrado porque la notaría la ha parado al detectar mala praxis. El titular de la oficina ha denunciado a los participantes por usurpación de identidad --la de Rodríguez-- y falsedad documental a los Mossos d'Esquadra. La policía catalana ha iniciado ya las pesquisas.

A su vez, el Colegio Notarial de Cataluña ha intervenido para anunciar que se personará en la causa.

'Opciones de compra'

Cabe recordar que Maccarrone es uno de los principales operadores del sector de las opciones de compra, un polémico tipo de préstamo con viviendas como garantía que ha generado un proceso judicial por presunta estafa en los juzgados de Barcelona.

El equipo de Safe Investments con Laia y Aina Hernández y Pol Marfà

El equipo de Safe Investments con Laia y Aina Hernández y Pol Marfà Cedida

El transalpino es cercano a la extinta Safe Investments Group, de las gemelas Aina y Laia Hernández. Y a la pareja de una de éstas, Pol Marfà, otro exdirectivo de Safe, ahora transformada en Palm Investments Group.

‘Estructura empresarial patológica’

La mencionada compañía fue denunciada recientemente, tal y como adelantó este medio. En la querella fue incluido el empresario Ignacio de Usera, fundador de la cadena de gimnasios SmartFit. En el documento se describe a esta sociedad de “estructura empresarial patológica”.

En el escrito, se señala a la cúpula de Safe: las gemelas Aina y Laia Hernández, a la pareja de una de ellas, Pol Marfà, a la sazón exdirector de Operaciones de Safe. Se les denuncia por despido, cesión irregular de trabajadores y vulneración de derechos a una decena de sociedades.

Cabe destacar que AM Inversiones, una promotora vinculada a la compañía acusada, también se encuentra en problemas económicos. Numerosos afectados reclaman falta de información, problemas para recuperar su dinero y ya se preparan para emprender acciones legales.