El Estado ofrece 285,6 millones para renovar el 'mega contrato' de viajes

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la licitación del contrato centralizado de los servicios de agencia de viajes para la Administración General del Estado. Un concurso público que alcanza los 285,6 millones de euros y que tendrá una vigencia de dos años prorrogables a otros dos.

Mantiene los elementos esenciales de la concesión abierta en 2015, la primera que unificó los servicios y que se supone un ahorro de 25,6 millones anuales, según los cálculos de Hacienda. Cabe tener en cuenta que anteriormente se lanzaban 25 concursos para coordinar todos los servicios de los viajes oficiales de 13 ministerios, 81 organismos públicos y cinco entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Halcón Viajes obtiene otra prórroga

Tras la primera experiencia, el Estado considera que se ha mejorado el modelo de licitación. Indica que pone en valor lo que se ha aprendido hasta la fecha para buscar a la agencia ideal que tome el relevo a Halcón Viajes, que se adjudicó los cuatro lotes del concurso que entró en vigor el 6 de abril de 2015 por 200 millones.

Había concurrido siete empresas a la puja: Viajes El Corte Inglés, Barceló, Globalia (Viajes Halcón y Viajes Ecuador), Naturalia, Travel Air- Eroski Viakes y Integración Agencia de Viajes.

Halcón se ha beneficiado de una nueva prórroga de la concesión mientras dure la tramitación del nuevo contrato. El proceso se puede prolongar como máximo hasta el 5 de abril de 2018.

Críticas de la patronal de las agencias

La licitación que lanza la dirección general de Racionalización y Centralización de la Contratación, que depende del Ministerio de Hacienda, ya ha recibido las críticas de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

Ha denunciado “graves deficiencias” en el modelo usado para buscar los operadores porqué, según su valoración, se trata de un macrocontrato que no se ajusta al modelo de servicios que usa el sector y genera “inseguridad jurídica y falta de transparencia”.

Disputa por el criterio de ahorro

Critica que se base en establecer el precio a los proveedores sin tener en cuenta que los costes de transporte o alojamiento, por ejemplo, están sometidos a los propios operadores del mercado que actúan en libre competencia.

Es decir, que las agencias no tienen influencia en ellos. Una realidad que choca, según su punto de vista, con el criterio de ahorro que impone el Estado en el concurso público.