La ‘patata caliente’ del Gobierno: la guerra abierta entre los técnicos de telecomunicaciones

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITT) está inmerso en una batalla interna por el control de la entidad. La reciente anulación de las elecciones de 2015 por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo auto se redactó el 14 de febrero pasado, ha avivado la animadversión entre los partidarios de la candidatura de Jorge de la Torre Sánchez-Bravo, los que ondean la bandera de la renovación, y los del actual decano, José Javier Medina Muñoz, vencedor de esos comicios.

Las próximas semanas serán claves para la resolución del conflicto. Medina Muñoz deberá decidir si presenta finalmente o no un recurso de casación. Sus allegados aseguran que lo más probable es que se haga, aunque todas las miradas se centran en el Gobierno central. Se pide a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que intervenga en la resolución de un conflicto que se arrastra desde hace años y ha ido in crescendo.

Repetición de las elecciones

Oficialmente, el Ejecutivo sólo tutela estas entidades. Fuentes cercanas a la institución encabezada por José María Lassalle señalan que, sin saltarse sus atribuciones, han dejado entrever que la forma de acabar con el enfrentamiento sería repetir los comicios. Una alternativa que el entorno del actual decano asegura que también está en estudio.

Con todo, el Partido Popular observa con mucha distancia la guerra interna de la institución. Se pillaron los dedos al intentar plantear en la anterior legislatura la Ley de Colegios Profesionales, una reforma del sector que eliminaba la obligatoriedad para ejercer la profesión y que se tuvo que retirar en abril de 2015 tras la oposición frontal de las organizaciones. Apuesta por la simplificación de las estructuras actuales, pero la última palabra la tienen las entidades.

Conflictos judiciales

La batalla por el control de la organización se escenifica en varias plazas judiciales. Cataluña es una de ellas. El intento de crear un colegio catalán impulsado por la Generalitat a finales de 2010 fracasó. El Tribunal Supremo decretó que la creación de la entidad tenía errores de base y decidió anular el decreto de creación a finales del pasado junio.

La desaparición del colegio y su conversión en la asociación GrausTIC no ha puesto punto y final al conflicto. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga la legalidad de los visados de varios proyectos.

Los afectados oscilan entre los 64 y los 34 documentos que presuntamente se emitieron sin contar con la acreditación preceptiva de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). La causa está abierta.