Hoy es la fecha límite. El Gobierno aseguró que el Consejo de Ministros aprobaría el día 24 de febrero el decreto ley que tiene que reformar el sector de la estiba a raíz de una sentencia europea. De momento, ni sindicatos ni patronal saben si será así finalmente, y aguantan la respiración ante la decisión de Fomento, que no se pronuncia sobre el tema.
Esta semana, la patronal Anesco y los sindicatos, capitaneados por el mayoritario, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), se han sentado en la mesa de negociación sin llegar a ningún acuerdo. El ministerio “se ha apartado” de las conversaciones, en palabras de los empleados, y solo un mediador designado por el Gobierno –pero “sin hablar en su nombre”, recuerdan los estibadores–, se ha reunido con las partes.
Sin paros
Fuentes sindicales aseguran que desconvocarán los paros si no se aprueba el decreto que presentó el titular de Fomento, Íñigo de la Serna. La huelga está prevista para el 6 de marzo y durante nueve días alternos. El primer encuentro con la patronal, este pasado martes, 21 de febrero, dejó muy decepcionados a los representantes de los trabajadores.
Los demás contactos de esta semana han seguido en la misma línea. “Las empresas no quieren acordar hasta que no haya decreto”, asegura Albert Gil, del Comité de Empresa del puerto de Barcelona.
El mensaje que han trasmitido al mediador es que quieren incluir el compromiso de respetar la negociación colectiva en el decreto ley, afirma el secretario de la Coordinadora en Barcelona, Josep Maria Deop. “Si no, todo lo que acordemos con la patronal, Competencia lo echará a perder”, afirma Gil. La siguiente reunión será el martes, cuando el decreto ya puede haber pasado el primer filtro, el Consejo de Ministros.
Apoyo parlamentario “insuficiente”
La primera fecha prevista para la aprobación del decreto era el 17 de febrero. El ministro lo aplazó una semana por el compromiso de los estibadores de desconvocar la primera huelga y la presión de los paros encubiertos, que marcaron los siete días anteriores. Según fuentes sindicales, sin embargo, es la “falta de apoyos parlamentarios” lo que ha frenado al ministerio. Precisamente, la semana pasada, los estibadores se reunieron con varios grupos del Congreso para recabar apoyos.
La presión de una huelga es el factor que puede convencer al Gobierno, que atribuye el decretazo a la sanción con la que amenaza la Unión Europea –que cifra en más de 20 millones de euros– . “Tener los puertos parados un día cuesta 50 millones, según cálculos del propio Ejecutivo; esto es más que cualquier multa de Bruselas”, indica Deop.