Barcelona inicia un proceso paralelo a los tribunales para asegurar el contrato de la luz

Barcelona riza el rizo en la polémica concesión de la luz en la ciudad. El concejal de Presidencia, Agua y Energía del ayuntamiento, Eloi Badia, ha anunciado este jueves que inician un “proceso negociado con empresas del sector” con el objetivo de conseguir un contrato puente para el servicio a partir del 25 de marzo, cuando vence la actual concesión a Endesa.

El consistorio defiende que no tiene margen para prorrogar la licitación actual, que era de un año más otro añadido. Indica que el impasse durará mientras permanezca la suspensión marcada por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP).

La concesión está valorada en 65,2 millones de euros.

Defensa del pliegue de condiciones

Badia espera que la resolución de “este órgano administrativo que cuelga de la Generalitat” llegue cuanto antes mejor. No es judicial. Defiende el pliego de condiciones del contrato y pide que se levante la suspensión vigente.

Para ello, el consistorio ha entregado finalmente este jueves al TCCSP las alegaciones ante los recursos que presentaron Endesa y Gas Natural. No lo hizo en el plazo marcado por el tribunal para frenar la petición de suspensión cautelar del proceso que había solicitado la actual concesionaria del servicio. De hecho, ni siquiera había remitido toda la información del concurso público que, por ahora, está paralizado.

Ley catalana de pobreza energética

Badia asegura que las condiciones de la licitación “no incluyen nada que no aparezca en la ley catalana de pobreza energética”, una norma que aún se desarrolla en la Generalitat. Aún está pendiente de detallar su apartado más polémico: la fórmula de corresponsabilización económica entre las Administraciones y las comercializadoras de energía privada ante estos casos.

Asimismo, también deben definir los protocolos concretos que se deben seguir para asegurar que no se corta la luz a ninguna unidad familiar vulnerable. La fórmula para discriminar estos casos de la picaresca que existe en la distribución eléctrica. El sistema actual está suspendido de forma cautelar por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Barcelona desde finales de diciembre. 

Sin sobrecostes públicos

Badia ha mantenido que el convenio que se pretendía firmar en, como mucho, seis meses no representaba “nada extraordinario” y que se basaba en la fórmula que usó la Asociación Catalana de Municipios (AMI) para asegurar que sus prestadores del servicio eléctrico cumplían con la norma catalana. Con todo, él mismo ha reconocido que la mención que se hizo en esta otra contratación era “genérica” y que la letra pequeña del convenio municipal “no estaba definida” en las condiciones del concurso.

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que “no habrán costes sobrevenidos” por el litigio que se ha abierto en la concesión.