Los administradores concursales han defendido los honorarios que reciben por gestionar quiebras millonarias como la de Banco Madrid, en la que el bufete Legal y Económico y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se han repartido 3,36 millones de euros solo en la primera fase del proceso, la común. “No se debe extrapolar la retribución cobrada en las 15 o 20 concursos al resto de los casi 5.000 que hay al año” en España, indican desde la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac).

La organización recuerda que el 40% de las insolvencias que se tutelan no se cobran al ser “concursos sin masa”. Es decir, que la caja de la compañía está vacía y no hay bienes que se puedan vender para conseguir ni siquiera pagar a los responsables de que la liquidación de la sociedad afectada sea lo máximo de ordenada posible.

Retribución por debajo de abogados y procuradores

Asimismo, señala que los honorarios están fijados por ley, relacionados con el tamaño del agujero económico que ha propiciado el concurso y que son “sensiblemente inferiores a los de otros profesionales que intervienen en esos procesos”. Cobran más los abogados de las partes o los procuradores, por ejemplo.

Banco de Madrid es una de las macrocausas a las que hacía referencia la asociación sectorial. El titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Madrid, Carlos Nieto Delgado, estimó que el pasivo de la filial en España de Banca Privada d’Andorra (BPA) ascendía a los 1.220 millones de euros y que el pasivo estimado del deudor estaba situado en los 1.090 millones en abril de 2015.

Los 15.600 acreedores de Banco Madrid

La lista de acreedores final supera los 15.600 actores. El magistrado rebajó su estimación sobre los recursos y el tamaño del agujero era algo menor: de unos 808 y 706 millones, respectivamente.

A priori, los administradores cuentan con superávit para atender las demandas económicas de 15.000 clientes, más de 300 trabajadores y multitud de proveedores de diferentes servicios. Pero el activo final dependerá de la evolución de la venta de los activos en la próxima fase de la gestión de la insolvencia, la de liquidación.

Quejas de la profesión

Contarán con otros 15 meses de trabajo retribuido para completar el proceso. Si después de este tiempo aún no se ha cerrado la causa, lo harán sin cobrar más porque así lo ha marcado el tribunal madrileño. Otro elemento que demuestra que se trata de un mito que los administradores concursales reciban honorarios muy altos, según la asociación profesional que los representa.

En esta lista de presuntas fábulas que afectan al sector también se incluye el interés de prolongar los procesos, que se dediquen principalmente a liquidar empresas y el amiguismo con los magistrados. La organización que los representa insiste en que por la viabilidad de los equipos de gestión de quiebras, su principal interés es que resolver las insolvencias sin dilaciones innecesarias, intentando un pacto que evite el cierre de la compañía y asegura que solo existen “casos aislados” de comportamientos “contrarios a la transparencia moral” que son más perjudiciales que ventajosos para la profesión y que deberían ser denunciados por los propios administradores concursales.

Existe un código deontológico que alerta sobre estas prácticas, aunque piden que se desarrolle de forma definitiva el reglamento pendiente para implementar una lista secuencial entre los inscritos en el Registro Público Concursal a la que deberían acceder los magistrados. Defienden que sería la forma ideal de acabar con este mito.