El presidente saliente del Círculo de Economía, Antón Costas, cree que los cambios fiscales aprobados en Consejo de Ministros hace una semana son defendibles desde la racionalidad económica, mientras que a los planteados por la Generalitat para 2017 les "falta coherencia" desde el punto de vista de análisis del coste-beneficio de cada medida.

En una entrevista de Europa Press, ha sostenido que, en el ámbito estatal, hasta ahora la carga del ajuste de las cuentas públicas "había recaído fundamentalmente sobre los impuestos que gravan la renta disponible de las familias", tanto por mecanismos impositivos como por austeridad en el gasto.

"Que en esta fase de este año el ajuste vaya por impuestos a beneficios de las empresas o ciertos consumos --alcohol y tabaco-- no lo veo mal", ha agregado, considerando que el sistema empresarial español en su conjunto puede soportar un incremento de la fiscalidad.

Señal de cambio

En el caso del aumento del salario mínimo, lo ha celebrado porque "da una señal de cambio en una dirección que nuestras economías tienen que emprender" para fomentar la equidad y el consumo.

"Hay una necesidad económica y social de aumento de los salarios. El discurso ya no tiene que ser crear empleo a secas, sino crear empleo con salarios que permitan una vida digna y permitan consumir", ha aseverado, repasando que lo están haciendo todas las sociedades de economía liberal, como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

Ha recordado que los datos históricos muestran que subidas prudentes del salario mínimo no tienen impacto en pérdida de empleo, sino al contrario, ya que por la vía del aumento del consumo generan dinamismo económico.

Respecto a los impuestos planteados por la Generalitat, ha expuesto que, a lo largo de la historia, hay fases en las cuales las finanzas públicas tienen que hacer frente a nuevas necesidades y en un primer momento lo hacen "creando impuestos arbitrarios en algunos casos, discrecionales en otros, sin mucho fundamento económico".

"Lo que veo es que falta coherencia detrás de estas decisiones puntuales, que en muchos casos creo que se van a encontrar con bloqueo legal. Son más decisiones movidas por una necesidad de ingresos y de acuerdo político que por la racionalidad impositiva", ha argumentado.

Concesiones a la CUP

"Creo que es más una concesión retórica a la CUP que una figura impositiva nueva y eficaz desde el punto de vista fiscal y de corrección del capitalismo. Ese tipo de activos tienen que pagar como patrimonio, y en caso de abuso es una cuestión de inspección", ha apuntado.

El catedrático es optimista respecto a la legislatura española en minoría porque considera que propiciará más diálogo: "Contra quienes creen que será una legislatura corta, conflictiva y poco productiva, creo que va a ser posibilista".

Ha asegurado: "Esta legislatura abre por primera vez, después de varias legislaturas de mayoría absoluta, caminos para ponernos de acuerdo en la identificación de los problemas y en la búsqueda de soluciones".

Cataluña-España

Costas ha celebrado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, haya decidido contar con un despacho en la Delegación del Gobierno en Barcelona para reunirse con representantes políticos, económicos y sociales catalanes.

"Eso debería ser lo normal. El Gobierno de España debería estar más en el territorio, y que lo haga la vicepresidenta de manera particular con Catalunya me parece bien porque creo que hay un reconocimiento amplio en España de que Cataluña es el principal problema político de España y que hay que buscar una salida", ha señalado.

"Desearía que no se quedase en un despacho y una presencia ocasional de tipo formal, sino con una dimensión más real, más activa", ha apostillado.

Preguntado por el referéndum sobre la independencia de Cataluña, ha insistido en que el Círculo de Economía no es partidario de mecanismos unilaterales, sino de una secuencia basada en el diálogo y el acuerdo.

Autogobierno

Ha repasado que es necesario buscar un acuerdo más amplio sobre lo que queremos y cómo queremos que sea el autogobierno dentro de la propia Cataluña, después diálogo, negociación y pacto con el Estado, y en tercer lugar una consulta --del tipo que se decida-- sobre lo que se haya acordado.

"No nos oponemos a una consulta, la Constitución lo admite, pero tiene que ser legal, pactada y bien informada", precedida de un debate democrático muy amplio que sea capaz de explicar a los ciudadanos qué es lo que se está decidiendo.

"Creo que habría que ir con cuidado. La idea de que los referéndums o la reforma de la Constitución es la solución a nuestros problemas hay que ponerla en cuarentena. No necesitamos tantas reformas, necesitamos políticas. Menos reformas y más buenas políticas", ha remachado.