Querella criminal contra Colau por "ensañamiento" contra los pisos turísticos

Querella criminal contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), por "ensañamiento" contra los pisos turísticos. La Audiencia Provincial de Barcelona estudia si admite a trámite una demanda contra la primera edil y los concejales Gerardo Pisarello, Janet Sanz y Gala Pin por presunta prevaricación. Los denunciantes, una asociación turística, creen que la corporación se ha extralimitado en sus funciones y se ha cebado contra los apartamentos vacacionales.

Según ha podido saber Crónica Global por fuentes judiciales, la demanda se encuentra sobre la mesa del organo jurisdiccional provincial. El escrito va dirigido contra Colau, el primer teniente de Alcalde, Gerardo Pisarello; Sanz, edil de Urbanismo, y Pin, responsable del distrito de Ciutat Vella. Por último, también incluye a Mónica Mateos, gerente de distrito de Ciutat Vella y mano derecha de Pin.

"Se extralimitaron"

El escrito, al que ha podido acceder este diario, sostiene que la alcaldesa de Barcelona se "extralimitó" en sus funciones al legislar sobre transacciones electrónicas. Éstas se hallan amparadas por la Directiva de Servicios 123/2006/CE, en vigor desde hace diez años y traspuesta a la legislación española.

Asimismo, los demandantes, una asociación de vecinos de Barcelona que alquila sus pisos, apuntan a una supuesta discriminación urbanística. "Desde 2006 los equipos de gobierno se han ensañado contra los apartamentos para turistas. En cambio, las regulaciones contra los hoteles han sido mucho más laxas", han indicado las mismas fuentes.

La querella habría nacido, precisamente, tras la implementación del plan de viviendas de uso turístico (HUT, según sus siglas en catalán), aprobado en abril.

También CiU y PSC

El escrito de 100 páginas entregado en la Audiencia pide también citar como investigados --la nueva figura de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015-- a Antoni Vives, exteniente de alcalde de Hábitat Urbano; Mercè Homs, exconcejal del distrito de Ciutat Vella (CiU), y Ramon García Bragado, electo responsable de Urbanismo (PSC) en 2010.

Según los querellantes, los gobiernos de PSC y CiU legislaron ad hoc contra los pisos turísticos de forma contraria a la ley.

Por lo que respecta a los socialistas, la demanda cita la primera moratoria de pisos turísticos de Ciutat Vella, que se aprobó junto al plan de usos del distrito de 2006. En cuanto a la etapa de Xavier Trias (CiU) al frente de la corporación, la entidad menciona la moratoria de nuevas licencias de apartamentos en toda la ciudad aprobada en 2014.