El colmo del abogado de prestigio internacional: ocho años de prisión

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado sentencia en el llamado caso Goldfinger. Las penas son cuantiosas, pese a que se aplica a todos los condenados la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el curso del proceso.

Los mayores correctivos son para cuatro individuos: Héctor-Julio Díaz-Bastién López, Luis Manrique Juega García, Ramón Asesio Bolea y Norberto Palomo Lorente. Los dos primeros son socios del gabinete Díaz-Bastién & Truán Abogados, con oficinas en Marbella, Madrid y Londres, que desempeña un papel cardinal en ese escándalo.

Cárcel y multas millonarias

A cada uno se le condena por tres delitos contra la Hacienda pública, a 7 años y 9 meses de prisión, más una multa de 64 millones de euros. Adicionalmente, habrán de desembolsar cerca de 16 millones por indemnización a la Agencia Tributaria, de forma solidaria con otra quincena de condenados.

A Luis Manrique Juega se le achaca, además, un cuarto delito tributario, por el que se le imponen otros 18 meses de cárcel.

Julián Muñoz, Tomás Reñones y Juan Antonio Roca

Mejor parados salen el famoso exalcalde de Marbella Julián Muñoz Cachuli, con sólo 1 año de cárcel, y el exfutbolista del Atlético de Madrid Tomás Reñones, con 9 meses. A la vez, resulta absuelto Juan Antonio Roca, capo supremo de la gigantesca trama Malaya que hizo y deshizo a sus anchas en la ciudad durante los tiempos de Jesús Gil y Gil.

Es de señalar que Ramon Asesio Bolea, uno de los condenados, es cónsul de Paraguay en Marbella. Por su parte, Héctor-Julio Díaz-Bastién, eminencia gris del tinglado Goldfinger, es todo un personaje. Jurista de origen argentino, en 2007 presidió la Unión Internacional de Abogados, que engloba a dos millones de letrados en ejercicio de los cinco continentes y de la que también ocupó la presidencia un pariente lejano suyo, el conocido abogado madrileño Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor.

Numerosas distinciones

Además, Héctor-Julio Díaz-Bastién pertenece al comité de relaciones internacionales del Consejo General de la Abogacía Española; es miembro del comité científico del sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio Franco-Árabe en París, y vicepresidente de la Fundación Mensajeros de la Paz.

Está en posesión de numerosas distinciones. Según la firma británica Law Business Research, que edita Who’s Who Legal, es “uno de los siete abogados más prestigiosos de España en derecho inmobiliario”. Posee la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía, otorgada por el Consejo General de la Abogacía Española. Los Colegios de Abogados de Madrid, Málaga, Barcelona y México le galardonaron con sendas Medallas de Oro, de Honor o del Mérito.

Sean Connery, salpicado

El caso Goldfinger se denomina así porque tuvo entre sus protagonistas al actor escocés Sean Connery, exagente 007, y a su esposa, Micheline, para la cual también se pide en los juzgados malagueños penas de prisión y una cuantiosa multa en una pieza separada de la misma causa. Ambos poseían una lujosa mansión en Marbella y eran clientes habituales del despacho Díaz-Bastién & Truán. Éste tejió una tupida red societaria para defender los intereses económicos de los Connery y minimizar la carga impositiva de su patrimonio inmobiliario en España.

A comienzos del presente siglo, Héctor-Julio Díaz-Bastién y sus acólitos compraron la casa del matrimonio Connery y otras tres parcelas contiguas. Luego, tras negociar con los capitostes de urbanismo del ayuntamiento, consiguieron quintuplicar la edificabilidad. Acabaron levantando 72 apartamentos donde apenas se permitía erigir una docena.

Construcción ilegal

Los jueces califican la licencia otorgada para la construcción de “absolutamente ilegal” y dicen que “se concedió, con vulneración del ordenamiento urbanístico vigente, por orden del entonces alcalde Julián Muñoz”.

Las obras comenzaron en 2001 y se desarrollaron a toda prisa. Cuatro años después, se habían vendido todos los apartamentos por un importe total de 126 millones de euros. El beneficio de explotación ascendió a 53 millones.

Acciones de Google

A la vista de los cuantiosos excedentes conseguidos, Díaz-Bastién y compañía urdieron un plan para hurtar a Hacienda hasta el último céntimo. Para ello se sirvieron de un amplio repertorio de sociedades ubicadas en variopintos enclaves opacos como Gibraltar, Bahamas, el estado norteamericano de Delaware, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Isla de Man, Países Bajos y Antillas holandesas.

Una de las maniobras defraudadoras resultó en particular chocante y rocambolesca. Su meollo reposaba en un contrato de futuros sobre acciones de Google. Lo suscribió la promotora del complejo marbellí por medio de una sociedad pantalla de Delaware, controlada también por el mismo grupo. El contrato era falso de la cruz a la raya y la supuesta compra de títulos de Google jamás existió.

Sociedades 'offshore'

Sin embargo, sobre el papel esa operación ocasionó un supuesto quebranto de 36 millones de euros a la promotora, que así soslayó el pago del impuesto de sociedades por los beneficios conseguidos en la venta de los pisos.

El grueso del numerario sustraído a Hacienda se desvió mediante sucesivas transferencias a varios territorios offshore y al Banco de Patagonia, en Uruguay, cuyo vicepresidente Emilio González Moreno es amigo de la infancia de Héctor-Julio Díaz-Bastién.

Muchas demoras

Este último, más sus socios Luis M. Juega García y Ramón Asesio Bolea, adquirieron sendos apartamentos del bloque marbellí, utilizando con tal finalidad compañías “tapadera” de Costa Rica.

El juicio Goldfinger sufrió numerosas demoras, entre otros motivos, por la tramitación de las comisiones rogatorias que el tribunal cursó pacientemente a varios países, hasta reunir un arsenal de documentos que prueban hasta la saciedad la comisión de los delitos perseguidos.

600 folios

La sentencia ocupa casi seiscientos folios. Su texto recoge consideraciones poco benévolas sobre las artimañas desarrolladas por el entramado. Entre otras lindezas asevera que todo él “repugna al sentido común” e “insulta la inteligencia del resto de los mortales”. Califica de “esquizofrénicos” los trasiegos ilegales perpetrados con el dinero y las sociedades instrumentales. Y reprocha a sus autores “arbitrariedades sin tasa” para cometer sus fechorías.

Las vicisitudes judiciales de los cabecillas de la trama pueden vivir próximamente nuevos capítulos. Sobre algunos de ellos pesan acusaciones de haberse apropiado presuntamente del ingente patrimonio financiero e inmobiliario de una familia de origen saudí.