El fraude de Globalia se investigará en Europa

El fraude de Globalia con la venta de billetes con descuento de residentes se investigará en Europa. La patronal de agencias de viajes Ceav, que denunció la práctica, llevará el caso a la justicia comunitaria después de que el abogado del Estado tratara de descafeinar la acusación. Ahora, el equipo legal de Ceav estudia si eleva el procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o si lo presenta a la Oficina Antifraude de la Comisión Europea (Olaf).

"Si el juicio prosigue el cauce que está tomando, habrá que denunciar al Reino de España ante la Unión Europea. Por dos motivos. Uno, porque el fraude en la subvención al 50% del billete para residentes en Canarias y Baleares ha causado el cierre de agencias de viajes. Ha afectado de forma lesiva a la competencia", explica un asesor legal cercano a la instrucción. 

"Y dos --ha continuado--, por la propia voluntad de la administración de justicia de no investigar el caso en profundidad. Y sólo peinar una parte superficial del fraude".

Cuatro ejercicio perdidos

A este respecto, el propio letrado ha abundado en aquello que el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional podría haber tomado en consideración y no lo hará. "Sólo se juzgarán los ejercicios a partir de 2010. Ceav entró la primera denuncia en 2007. Eso son cuatro ejercicios perdidos", alega.

Además, el representante de la parte agrega que la confederación "no ha podido incidir sumariamente" pese a que el procedimiento se inició a instancias de su denuncia. "Nunca se citó a su presidente, aunque se solicitó expresamente, y se pidieron 100.000 euros para personarse como acusación particular. Es una cantidad desorbitada", abunda.

Discrepancias

Cabe recordar que el juez que instruye el caso, Eloy Velasco, ordenó la apertura oral del caso el viernes. El magistrado inició el procedimiento tras recibir los escritos del ministerio público y la Abogacía del Estado.

La Fiscalía pide una multa total de 32,8 millones de euros para el grupo turístico con sede en Llucmajor (Mallorca). La cifra se divide en el repago de 22,78 millones de euros defraudados más una multa de 9,59 millones. Además, exige la exclusión del conglomerado de subvenciones, ayudas públicas e incentivos de la Seguridad Social y fiscales.

Este es un punto de discordancia con la resolución de la Abogacía del Estado. Los letrados del Gobierno evitan citar la exclusión del grupo de las subvenciones y ayudas de la administración. Además, reclaman una multa menor: 7,6 millones de euros.

¿Aceptará Globalia?

Globalia, un grupo que componen filiales como la aerolínea Air Europa, la red de agencias de viajes Halcón, la firma de receptivo Welcome, la hotelera Be Live o la empresa handling Groundforce, ha aceptado de conformidad la petición de la Abogacía. 

No obstante, no está claro que el conglomerado que dirige Juan José Hidalgo Junior transija con la petición fiscal, más dura.

Los recelos del titán turístico español se producen pese a que el juez ha archivado la primera pieza del caso residentes. El procedimiento desgajado buscaba juzgar a tres altos cargos de la firma: el expresidente Juan José Hidalgo; el director comercial, Richard Clark y el apoderado Ramiro Campos.