El caso de las ‘asustaviejas’ de las eléctricas desciende al barro. Extrabajadores de una empresa que captaba clientes para una gasista denuncian coacciones del antiguo gerente de la firma. El escándalo añade presión a un procedimiento laboral contra la empresa por, asegura Inspección de Trabajo, emplear de forma masiva a "falsos autónomos".
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“Es inaceptable que después de dos años en la empresa y después de todo lo que hemos pasado, tengamos que aguantar mensajes así. Ello da la medida de la catadura moral de la gente que llevaba la empresa”, explica uno de los afectados.
Subcontrata
La "gente" que cita el afectado es la cúpula de Valcomunity. La mercantil es una subcontrata de Dorset Marketing, el gigante del puerta a puerta que tiene contratos firmados con varias compañías eléctricas.
Dorset es, dicen los afectados, la punta del iceberg de una estructura societaria que cubre todo el territorio nacional. La firma también es la que coordina los grupos de jóvenes que peinan barrios intentando ‘colar’ contratos de gas, luz y el servicio de mantenimiento de ambos.
La estratagema de Dorset se ha hundido en su frente valenciano. Una de las subcontratas de la red, Valcomunity, irá a juicio por, presuntamente, utilizar a 146 falsos autónomos. Inspección de Trabajo le reclama un millón por la presunta irregularidad.
“Se han querido aprovechar”
Preguntado por el capítulo de las amenazas, el exgerente de Valcomunity se defiende. “Todo era perfectamente legal, y el 27 de enero se demostrará ante el juez. Después, los que han querido mancillar el nombre de varias empresas se enfrentarán a acciones legales”, ha indicado.
Según él, la denuncia pública por coacciones esconde otro propósito. “Es una cortina de humo para tapar que algunos de los exempleados han creado su propia empresa de marketing”, sostiene.
Juicio en enero
Cabe recordar que Valcomunity se enfrenta a un procedimiento judicial por, presuntamente, emplear a 146 trabajadores como falsos autónomos.
La Seguridad Social reclama 277.000 euros a la empresa, “que era un brazo operativo de Dorset”, según los extrabajadores.
La firma lo niega y carga contra los denunciantes por “no comprobar su estatus laboral durante el tiempo que trabajaron” con ellos. Las dos partes se verán las caras en la vista del 27 del enero.