La Sindicatura de Cuentas de Cataluña añadió este jueves más tensión al caso ATLL, la polémica privatización de la empresa que facilita que más de cuatro millones de catalanes tengan agua potable. Miquel Salazar, el responsable de revisar el cierre de los ejercicios 2010 y 2011 de la compañía, defendió en el Parlament que era viable antes de la privatización.

Lo era porque se había diseñado un plan económico y financiero para este fin que se reforzó con la apertura de la licitación. Artur Mas, en su primera legislatura, decidió dar un paso adelante y asumir las posibles críticas de la ciudadanía con un incremento de la tarifa del 70% y un cambio en la estructura: se pasó de un 82% de costes fijos al 56% y se elevó los variables al 44%.

Atraer a privados a la concesión

Todo ello adelantó el saneamiento de las cuentas de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y la hizo rentable, pero solo se abordó la decisión para atraer a privados al concurso público tal y como comentó el propio funcionario de la sindicatura. Nunca se buscó un verdadero saneamiento de la compañía.

“Las pérdidas que arrastraba el grupo se terminaron con la modificación de la tarifa y la prueba de ello es el litigio que mantienen los privados”, señaló Salazar. El informe de la Sindicatura, y así lo defendió su autor, muestra cómo el problema económico que arrastraba desde hacía años ATLL respondía a la disfunción entre los costes de operatividad del grupo y el precio de la tarifa.

Presión del municipalismo

Fijar el canon era una potestad de la Generalitat. A lo largo de los gobiernos tripartito y durante el arranque de la primera legislatura de CiU se evitó revisarla al alza. Nadie quería enfrentarse al territorio y los dos organismos que defienden el municipalismo en Cataluña --la Federación de Municipios, próxima al PSC, y la Asociación Catalana de Municipios, cercana a la federación nacionalista--, que presionaron durante años para que el coste del agua en alta (la captación del recurso, su saneamiento y el transporte hasta los depósitos de cabecera de los municipios) fuera lo más bajo posible.

Eso derivó en unas pérdidas de casi 44,4 millones de euros al cierre de 2010 y de casi 34 millones en 2011, además de arrastrar 704 millones de deuda a largo plazo y 30,6 millones a corto. No superaba el límite presupuestario prefijado en el último ejercicio y entre el pool de acreedores se encontraban tanto créditos sindicados con entidades como líneas de financiación con el Banco Europeo de Inversión (BEI).

Deuda para la Generalitat

La deuda no repercutió sobre el concesionario, un consorcio liderado primero por Acciona, la cotizada que se ha quedado casi la totalidad de la compañía que se encarga de la gestión tras la salida de su socio financiero. La asumió la Generalitat, ya que la privatización de ATLL se usó exclusivamente para borrar casi 1.000 millones de euros del capítulo 1 del déficit público catalán de ese ejercicio y conseguir casi 300 millones en cash para pagar, entre otras cosas, las nóminas de los funcionarios.

Los diputados que aprobaron el informe de la Sindicatura sobre el cierre de 2010 y 2011 de ATLL criticaron que el documento se valide por el Parlament en un momento en el que la sociedad pública que se encargaba de la gestión ya ni existe. Se liquidó en diciembre de 2012, poco antes de que se firmara la polémica concesión.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la anuló el verano pasado y ahora está a la espera de la decisión final del Tribunal Supremo. Se espera sentencia para principios de 2017.