La gestión que hizo Antonia Gil como secretaria general de la USOC, el tercer sindicato en Cataluña, a lo largo de sus 15 años al frente de la organización deja apuntes contables que el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona intentará clarificar mientras dure la instrucción.

Entre las cuestiones que los Mossos d’Esquadra encargados de la investigación, primero, y la Fiscalía de Sabadell, después, pusieron sobre la mesa de la magistrada de la sala se encuentran los beneficios que habría obtenido a lo largo de estos años el bufete Llúria Advocats, que tiene como socio a Ignasi de Gispert, hermano de la expresidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, y próximo a Unió, para la organización de defensa de los trabajadores.

24.000 euros de una empresa asociada

Las pesquisas en las cuentas de USOC muestran cómo el bufete cobraba 640 euros mensuales del sindicato para realizar servicios jurídicos de todo tipo. La aportación del sindicato no terminaba aquí. De Gispert también recibía dinero de una de las empresas que estaba en la órbita de la organización, Serveis i Imatge, dedicada básicamente a los servicios de reprografía y a la publicación de su revista.

Esa cantidad era mucho mayor que el fee mensual. Solo en 2013 alcanzó los 23.235 euros, aunque en el presupuesto de la sociedad se habían apuntado 23.899,96 euros para este fin. Fiscalía remarca en un informe al que ha tenido acceso Crónica Global que Serveis i Imatge “se hacía cargo de una parte importante de los costes, curiosamente, de tan sólo uno de los bufetes colaboradores del sindicato”.

60.000 euros anuales

También deja claro que en la fase de instrucción se desconoce “el motivo de la asunción de dicho coste y la justificación al respecto”, algo que Gil deberá aclarar ante el tribunal de Barcelona.

De esta forma, Llúria Advocats se llevaba algo más de la mitad del presupuesto anual del sindicato en asesoría jurídica. El gasto anual de la organización para contratar a asesores externos en todo tipo de cuestiones ascendía en los últimos años de mandato de Gil a los 60.000 euros, incluso en los momentos de crisis en las finanzas de USOC.

Cuotas estables

La investigación ha mantenido hasta la fecha que el problema en las arcas del sindicato “no fue debido, en ningún caso, a una disminución exacerbada de las cuotas”, según un informe de 2015. Desde 2009 hasta 2013 se mantenían estables entre los 1,2 y 1,3 millones de euros a pesar de que la ejecutiva encabezada por Gil “falseaba las cuentas que entregaba a sus afiliados”, ya que aseguraba que había recibido 739.000 euros.

Sí que varió el gasto de personal sindical y laboral de USOC, especialmente por el incremento de las retribuciones que se aprobaron en parte de la cúpula. Todas estas cuestiones se deberán analizar en los próximos meses, cuando la sala empiece a llamar a declarar a los testigos.

La actual dirección de USOC, encabezada por María Recuero (salpicada también por la gestión de su predecesora en el cargo), mantiene desde que estallara el caso Astrea su total colaboración con la justicia. Piden también celeridad a la sala, ya que la instrucción y la apertura del proceso oral se ha demorado porque la causa ha ido a parar a varios tribunales antes de recaer en el de Instrucción número 2 de Barcelona.