La Ley de la Morosidad que está vigente desde 2013 en España afirma que la Administración y las empresas deben hacer frente a sus facturas pendientes de pago en como mucho 60 días, en línea a la norma vigente en la Unión Europea. Con todo, la falta de un régimen sancionador que persiga a los incumplidores propicia que el plazo medio real supere de mucho esta cifra y genera una casuística casi inédita: en España, la Administración pública paga mejor a los proveedores que la empresa privada.

También es el sector más transparente en reconocer cuánto tarda en cumplir con sus obligaciones, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), presidida por Antonio Cañete. Si se hace una foto genérica del país, en los últimos cuatro años se ha pasado de tener facturas pendientes de pago de forma habitual 162 días a rebajar este plazo hasta los 75.

66.680 millones en deuda por facturas

Los mayores incumplidores son las empresas cotizadas. Tardan de media 193 días a pagar a sus subcontratistas y proveedores, a los que deben unos 66.680 millones de euros. Esta cifra contrasta con el plazo medio de cobro: 86 días. Si cumplieran con la norma vigente, la PMcM calcula que las pymes que trabajan con ellos se ahorrarían en costes de financiación 1.392 millones y unos intereses de demora de otros 1.985.

La situación mejora, pero casi de forma imperceptible, en el selecto club del Ibex 35. Tardan 187 días en pagar pero solo 84 en cobrar, deben más de 57.000 millones en total y obligan a los subcontratistas y proveedores a soportar 1.194 millones en gastos de circulante y otros 1.640 millones en intereses de demora.

Problemas para crecer

La PMcM destaca los casos de tres de las grandes constructoras del Estado que tardan más de un año en cumplir con sus obligaciones de pago, hecho que condena a la desaparición a muchas pymes y les impide prosperar o crecer por la elevada presión financiera que deben soportar, indica la organización. “Es algo completamente inaceptable”, asegura el presidente de Pimec, Josep González, la patronal de la que nació la PMcM.

Rafael del Pino, José Manuel Entrecanales y Manuel Manrique, de izquierda a derecha.

Ferrovial es la más incumplidora. El grupo de la familia Del Pino tardó 536 días de media en pagar sus facturas en 2014, el último ejercicio que había consolidado las cuentas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando la PMcM hizo el estudio. Va a peor, ya que en 2013 pagaba a 492 días (8,9% más) y contrasta con la rapidez que tiene en cobrar las facturas. Lo hace en tan solo 34 días.

Ferrovial, Acciona y Sacyr

Acciona mejoró de 2013 a 2014, pero no lo suficiente para salir de la segunda plaza del podio de empresas supermorosas con la ley en la mano. El grupo de los Entrecanales tardó 425 días en pagar, mientras que el cobro lo ejecutaba a los 68 días.

El último grupo en conseguir este honor es Sacyr. La firma dirigida por Manuel Manrique cumplió con sus obligaciones a 337 días en 2014 frente a los 381 del ejercicio anterior. Fue también el que cobró más tarde, a 125 días.

Situación en el sector público

La situación de la empresa privada contrasta con la de la Administración pública. Tampoco cumple con el límite fijado por Bruselas, pero sí que se acerca mucho más. La PMcM indica que el pasado febrero la media en que el Gobierno central y sus organismos dependientes pagaron fue de 50,18 días, el 8% más que el año anterior.

La autonómica abonaba las facturas a 71,98 días, lo que implica una reducción del 16% tras planes de pago a proveedores y otros mecanismos de financiación extraordinaria como el Fondo de Liquidez Autonómica.

González asegura que tanto Pimec como la organización encabezada por Cañete han tenido mucho que ver con la implementación de estas medidas por la denuncia que hicieron ante Bruselas sobre los retrasos que existían. El toque de atención de Bruselas propició que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se pusiera las pilas, según su relato.

Comunidades y ayuntamientos

Con datos de febrero, las comunidades que acumulaban los mayores retrasos fueron Extremadura (131,66 días), Aragón (108,79) y Comunidad Valenciana (99,06). Las diferencias que aparecen entre esta radiografía y las oficiales, igual que en el sector privado, es que la PMcM usa los datos reales que le pasan las pymes que tiene asociadas, que superan el millón de compañías en toda España.

La organización alerta que los nuevos problemas de pagos del sector público se concentran en los ayuntamientos. La media en febrero fue de 84,56 días, el 32% más si se compara con el mismo mes del año anterior por los problemas de financiación que arrastran ciertas corporaciones.

Jaén tarda más de un año en pagar

El caso más extremo es el de Jaén, en el que un proveedor municipal tardará 341,56 días de media en cobrar. Le sigue Cádiz, con 157,48; Granada, con 111,46; Cuenca, con 105,08; Huelva, que tarda 92,16 días; los 88,42 de Lugo y los 86,11 de Lleida.

En el otro extremo del ranking se encuentran Alicante, con 19,38 días; Málaga que paga a 20,78 días y Segovia, a 23,27.

Necesidad de un régimen sancionador

Para la PMcM y Pimec la solución al problema es fácil: pasa por la aprobación de un verdadero régimen sancionador para las empresas y Administraciones morosas. Ya estaba presente en el acuerdo del Gobierno fallido entre el PSOE y Ciudadanos y los defensores de unos plazos de pago justos exigen que se incluya en todos los programas políticos que concurrirán en las elecciones del 26 de junio.

Recuerdan que pasar del compromiso genera el incumplimiento de una norma de la Unión Europea y frena el desarrollo, en el mejor de los casos, del tejido de pymes españolas. La organización se hace una pregunta: ¿Puede un país con 4,09 millones de parados soportar esta situación?