Más de medio millón de españoles aguardan en torno a tres meses para ser operados

Es más opaco que una lista de espera. El viejo chascarrillo entre el mundo sanitario y las asociaciones de pacientes gana cada día más enteros. Empezando porque no se sabe con certeza ni cuántos españoles están varados en ellas ni por cuánto tiempo, ya que las comunidades autónomas guardan los datos bajo llave y el Ministerio de Sanidad no los actualizará hasta mayo. Contando con que al partido de Mariano Rajoy le sea propicio en el incierto y permanente estado electoral.

 Las últimas cifras oficiales, publicadas el pasado 29 del julio con datos a 31 de diciembre del 2014, certifican que este problema afectaba a 511.923 personas con un tiempo medio de espera de 87 días.

La Asociación el Defensor del Paciente asegura que en la actualidad hay 567.500 personas apuntadas para ser intervenidas quirúrgicamente, con una demora media de 96 días. En el 2014 habló de 623.000 con una demora de más de 100 días.

Más sin conciertos

La bolsa de los que sufren demoras acoge solo en la sanidad catalana y la madrileña a más de 250.000 pacientes. Pero,  según los especialistas, sumará en breve otros cuantos miles hasta superar la cifra global de 600.000 con la supresión  de conciertos con clínicas privadas, tras la llegada a los gobiernos autonómicos de Podemos y otros partidos de izquierda radical y soberanistas. Se trata de formaciones que asocian la participación del sector privado solo a su afán de lucro.

Tal es el caso de la rescisión de contratos en marcha con la Universidad de Navarra por parte la Diputación Foral, el Hospital General y la Clínica del Vallés en Cataluña. Estas últimas son las primeras y más polémicas medidas del consejero de Sanidad, Antoni Comín, ex del PSC, pero seguidor al pie de la letra de los dictados de ERC y la CUP. Sólo la Clínica del Vallés atiende 2.600 operaciones y 1.000 hospitalizaciones al año en pacientes derivados. Comín también tiene en el punto de mira al Hospital Sagrat Cor.

Cataluña en cabeza

Tras continuos cambios en la metodología de cálculo para dificultar el seguimiento y la evolución del problema, la Generalitat admite que tiene 160.000 personas en lista de espera quirúrgica o diagnóstica. Una desalentadora noticia si para reducir los tiempos de demora, según Comín, se necesitan 1.000 millones de euros y esos fondos solo pueden llegar “con la independencia”. Salvo que ésta llegue pronto y se disponga de esa partida.

Sus cuentas todavía salen peor paradas si solo se apoya en la sanidad pública. Un reciente informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, denunció que apenas el 4,4% de la población de Cataluña recibe una cita de atención primaria en menos de 24 horas desde que la pide, la cifra más baja de toda España. Y en cuanto a especialista, apenas al 21,4% se le notifica antes de 15 días. Además, el 95,3% de los usuarios opina que las listas de espera no han mejorado respecto a años anteriores.

Observadores imparciales creen que Ejecutivo catalán vive una especie de ficción que están pagando sus ciudadanos. Cataluña dispone del presupuesto autonómico más alto, pero mantiene, en cambio, uno de los gastos relativos más bajos en sanidad con 1.102 euros per cápita. ¿Resultado? Ni paga las recetas (ya debe otra vez más de 200 millones de euros) ni está en condiciones de reducir su lista de espera.

La triquiñuela de Aguirre

En el caso de la Comunidad de Madrid, los que esperan el bisturí rebasan los 90.000, contando desde que el cirujano fija la operación. Al menos, la nueva presidenta, Cristina Cifuentes, presionada por Ciudadanos, ha desterrado el baremo de su antecesora, Esperanza Aguirre, que fijaba la inclusión en la lista tras la consulta del anestesista para el preoperatorio. Con esta triquiñuela solo sumaban 37.862; menos de la mitad.

Esta manera de medir excluyó a Madrid en el 2005 del cómputo del Sistema Nacional de Salud. El departamento que dirige en funciones Alfonso Alonso, no proporciona datos desglosados de la situación de las comunidades autónomas, con las que tiene un pacto para no revelar los resultados de forma que no se puedan comparar. Un chantaje en toda la regla del tipo “te damos los dados si no dices el origen". Para eso no hay autonomistas ni separatistas. Todos son estatalistas y españolistas al ciento por ciento.

Mientras, el Ministerio de Sanidad deja que cada autonomía se cocine sus datos. Normalmente todas sus informaciones son en positivo, con el titular “las listas de espera (en  bajan…, la espera para ser operado (de) se reduce…” 

Miedo a la transparencia 

Además de presentar un desfase de hasta año y medio, los datos oficiales proporcionan una información sesgada, una “adulteración o no publicación” de la situación real, según la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores.

Los expertos y economistas de la salud consideran que el desconocimiento y la opacidad ocultan datos que serían útiles para conocer las estrategias que están funcionando y las que no, en uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía.

Si existiera total trasparencia, argumentan, las comunidades podrían aprovechar la experiencia del vecino en un tema determinado. Un especialista canario, comunidad que bate todos los récords en este campo tan negativo, gusta de citar al escritor británico Rudyard Kipling: “Los peores embusteros son los propios temores”.